La audiencia del pasado 17 de marzo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) constituye una suerte de golpe de mano sobre la investigación relativa a la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Los defensores abrieron con los señalamientos críticos en torno a los nulos avances y advirtieron que ojalá los recientes cambios en la CIDH no afecten el seguimiento que dicha instancia ha comprometido.
Una representación de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señaló:
Hemos recibido puras mentiras de parte de las personas que tenemos aquí enfrente. Llevamos casi 30 meses sin saber de nuestros hijos […]; el Estado está ocultando información, no se ha dado seguimiento a la línea de investigación que recomendó el GIEI sobre el tráfico de narcóticos implicado en el caso, y de manera vergonzosa se ha incumplido con indagar las irregularidades cometidas por el Estado […]; para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos.
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