México es tierra fértil para las ocurrencias de políticos y gobernantes. Algunas son risibles e inofensivas, otras nocivas, como la anunciada Ley de Seguridad Interior. Regresemos una década. Felipe Calderón Hinojosa se dejó llevar por sus intuiciones y, en lugar de consultar a los especialistas sobre seguridad y crimen organizado, buscó la opinión de su gabinete y de los gobernadores y declaró la guerra a un enemigo que desconocía (Calderón lo reconocería tiempo después). Cuando empezamos a padecer las consecuencias del apresuramiento vinieron los parches y las correcciones sin que hubiera una política de Estado hacia las víctimas.
Pasaron diez años y en diciembre de 2016 el general Salvador Cienfuegos hizo pública la insatisfacción acumulada. El Ejército exige una ley que dé «certidumbre jurídica» a su participación. Por el mensaje del general, el PAN, PRD y PRI presentaron proyectos de ley.
Si el Congreso aprueba la Ley de Seguridad Interior en su estado actual estaría replicando la ocurrencia de Calderón. Tomarían una decisión sin hacer un balance sobre diez años de guerra. Es cierto que, como señala el Instituto Belisario Domínguez, se carece de «diagnósticos oficiales, públicos, detallados y frecuentes», pero se compensa con un gran número de investigaciones e informes. La ley propuesta responde a las inquietudes de las Fuerzas Armadas pero ignora otros actores clave y hace a un lado las perspectivas de las víctimas. En suma, mientras seguimos pagando las facturas de la ocurrencia calderonista, la solución que ofrecen nuestros legisladores es ¡otra ocurrencia!
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