* Pese a la sentencia, el basurero sigue operando en la ilegalidad apoyado por Semarnat, denuncian pobladores.
Ciudad de México, 9 de marzo de 2017. A pesar de que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió, hace 15 días, declarar nula la autorización sobre impacto ambiental otorgada a un basurero tóxico operado por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de C.V. (SEMNSA) en Noria de la Sabina, municipio de General Cepeda, Coahuila, éste sigue funcionando amparado en una autorización concedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hace un año, denunció la agrupación de vecinos Sí a la Vida.
El colectivo de campesinos y ganaderos habitantes de la zona ya denunció, en octubre de 2015, el patrón que autoridades y empresas siguen para desmantelar la propiedad social de la tierra a campesinos: localizan enclaves aislados, poco poblados y empobrecidos e inician trámites en la sombra, sin informar a las comunidades, tal y como ha ocurrido en General Cepeda. Además, distribuyen dádivas y adoptan medidas asistencialistas para enfrentar a las comunidades y niegan información acerca de la naturaleza del proyecto, intimidando a quienes se resisten y judicializando la protesta social.
Anteriormente, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió medidas cautelares, otorgando una suspensión pues se busca la protección al medio ambiente y la salud de las personas, además de evitar un daño de imposible reparación. En la decisión se ponderaron las afectaciones al ambiente que implican también a generaciones venideras, así como el disfrute de los derechos humanos de toda persona a un medio ambiente sano, salud y calidad de vida.
Con el Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari), de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte -filial de Grupo Ecolimpio, que cuenta con accidentes industriales en su historial-, una zona de tan sólo 200 kilómetros cuadrados cuenta con tres instalaciones de este tipo, pues ya hay una en Mina, Nuevo León, y otra en Ramos Arizpe, Coahuila. De acuerdo con información del Manifiesto de Impacto Ambiental concedido e invalidado por la decisión del Tribunal, en este basurero tóxico se confinarían metales pesados y lodos impregnados con hidrocarburos, a tan sólo 2.5 kilómetros del poblado más cercano.
Entre las afectaciones a los 6 mil habitantes más próximos al proyecto, los denunciantes prevén la dispersión de tóxicos por aire, al ser una zona de viento; la contaminación del agua, incluyendo a la presa El Tulillo -en una zona semidesértica en la que los poblados dependen del abastecimiento de pozos artesianos-; enfermedades por contaminación que los campesinos no tendrían capacidad de afrontar económicamente, y la pérdida de valor de las tierras y un consiguiente desplazamiento. Los habitantes han señalado que la empresa consiguió el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “en lo oscurito”. De la misma forma le fue otorgado el cambio de uso de suelo municipal; además de que la empresa pasó por alto la consulta previa que debe hacer.
* Con información de Red TDT.