Hay tres novedades sobre la guerra contra el crimen organizado: 1) se libra simultáneamente en centena res de frentes; 2) crece la autonomía del Ejército que exige una ley y presiona replegándose en algunas entidades; y 3) hay condiciones para mejorar el trato dado a las víctimas del conflicto.
La incertidumbre no debe ser motivo para que siga regateándose la atención a las víctimas y la protección a los grupos vulnerables. Las víctimas viven una paradoja: pasaron de la marginalidad a un protagonismo irelevante. Me explico. Cuando fue imposible ignorar el costo humano, quienes gobiernan crearon instituciones y les asignaron generosos presupuestos. Fuego fatuo. Bien pronto se hizo evidente que sigue imperando la improvisación, las ocurrencias y los golpes de timón. En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto presumió de la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. A los dos años puso a un inepto para dirigirla y para 2017 la dejaron sin presupuesto.
Se antoja difícil que en los próximos dos años se hagan ajustes de fondo a la política de seguridad; la clase política anda encandilada con las elecciones de 2018. Pese a ello,hay un par de instituciones que no dependen del desenlace electoral de 2018 y pueden hacer bastante por las víctimas. En los próximos días saldrá del taller la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: le cambiaron motor, hojalatería y sistema de dirección. Si se confirma su renacimiento debería hacer mancuerna con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que va saliendo de la irrelevancia. Esa alianza podría arrastrar a otras instituciones a dar un trato diferente a las víctimas.
*Lea el artículo completo en Reforma.