* Pide ONU revertir regresiones introducidas por la Cámara
Ciudad de México, 7 de marzo de 2017. La demora en aprobar una ley contra la tortura acorde a los estándares internacionales es injustificable y la urgencia de contar con esta legislación fue confirmada por la Organización de las Naciones Unidas, señalaron organizaciones de la sociedad civil.
Organizaciones que han seguido el proceso de aprobación de la ley, cuyo plazo para ser aprobada venció hace un año, destacaron que en el último informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se concluyó que “a pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes”. En el informe, agregaron, se insta a adecuar la propuesta de ley actualmente en discusión en la Cámara de Diputados a los obligaciones del Estado, con especial atención a eliminar las excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura; contemplar claramente la responsabilidad de los superiores jerárquicos; fortalecer al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y eliminar las disposiciones que pretenden restringir los alcances del registro nacional de tortura; limitar las denuncias de tortura por parte de algunas autoridades; acotar la facultad de atracción de las autoridades federales; y reducir las garantías de no intervención de servidores públicos presuntamente involucrados en actos de tortura en las investigaciones.
«Tanto el diagnóstico de la crisis de tortura que vive el país, como las fallas señaladas en el dictamen, hacen eco de las conclusiones de otros organismos de derechos humanos que han visitado el país en los últimos años, o que trabajamos día a día acompañando o estudiando casos de tortura. Ante el consenso sobre la necesidad de aprobar la Ley General corrigiendo los puntos señalados, consideramos injustificable demorar más el proceso e instamos a las y los Diputados a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley, recordando su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales», finalizaron las organizaciones.
El comunicado fue firmado por más de una treintena de organizaciones defensoras de derechos humanos, además de las integrantes de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.