Llama la atención que en lugar de discutir un modelo de seguridad compatible con la Constitución y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México, nuestros legisladores, contra toda evidencia, sigan impulsando un esquema desfigurado y hechizo de seguridad pública, contrario a un Estado democrático y social de derecho, y a las expectativas de la nación. Con el inicio, en efecto, de la llamada guerra contra el narcotráfico
, a partir de diciembre de 2006, los registros oficiales indican que desde el aumento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad pública, los índices de violencia y violaciones a los derechos humanos en el país han reportado un acelerado incremento.
La paz es la premisa para el ejercicio de todos los derechos humanos, y al mismo tiempo un derecho humano, para cuyo ejercicio se requiere del concurso de diversos factores sociales, culturales, políticos, económicos e ideológicos. Las responsabilidades de los estados sobre la paz incluyen, pero no se limitan, al plano internacional. La Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz de 1984 enuncia que es deber sagrado de todos los estados garantizar que los pueblos vivan en paz
. Y declara que proteger el derecho de los pueblos a la paz, y a fomentar su realización, es una obligación fundamental de todo Estado. Un ejemplo destacable del reconocimiento interno del derecho a la paz se encuentra en la Constitución de Colombia de 1991, la cual, en su artículo 22, dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento
. Y en México, ¿cuándo será garantizado explícitamente en nuestra Constitución?
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