* La Oficina documentó, desde el inicio del caso Ayotzinapa, “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso“.
Ciudad de México, 1 de marzo de 2017. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó el viraje tomado por la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, a la que calificó como una «oportunidad perdida» para atender las serias violaciones cometidas durante la investigación.
La ONU-DH también afirmó que cuenta con elementos que apuntan a la comisión de graves violaciones a derechos humanos ligadas ala integración del caso, como “la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR”. Los hallazgos habrían sido compartidos con las autoridades correspondientes de PGR desde el año pasado y con el Mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recientemente, decenas de organizaciones de la sociedad civil manifestaron que la resolución de la PGR sobre la investigación interna de las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es limitada, parcial y un alarmante mensaje de impunidad que debilita al Estado de Derecho. La investigación, abierta a instancias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue entregada a inicios de febrero a los familiares de las víctimas, quienes de inmediato señalaron que diluía las graves responsabilidades de los servidores públicos tanto en número como en importancia. En la investigación inicial original referida por varios medios de comunicación se determinaban graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias del Río San Juan, se identificaban 18 irregularidades cometidas y se abría la puerta a una investigación penal por algunas de ellas. En cambio, en la resolución entregada por la PGR a los familiares de los 43 la semana pasada, sólo se hablaba de responsabilidades administrativas derivadas de 7 irregularidades.
«A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo», explicó la organización, pues las conclusiones entregadas a los familiares únicamente identifican faltas leves realizadas por nueve funcionarios de la PGR, todas ellas administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal.
«La ONU-DH desea reiterar su apoyo a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia, así como a las organizaciones que las acompañan; destacar la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, capaces de investigar con perspectiva de derechos humanos; y expresar su disposición para seguir colaborando con las autoridades y con el Mecanismo de seguimiento de la CIDH para lograr una adecuada resolución del caso», expresó el organismo.
La ONU-DH recordó que Zeid Raad al-Hussein, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, reiteró recientemente la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, entre ellas la investigación de las irregularidades . «Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad», reafirmó Jan Jarab, representante de la Oficina en México.
*Consultar aquí el comunicado íntegro.