* Ratifican rechazo a la Ley de Seguridad Interior y señalan que se debería estar discutiendo el tránsito a un nuevo esquema de seguridad ciudadana.
Ciudad de México, 28 de febrero de 2017. Ante el evidente fracaso de la militarización de la seguridad pública a diez años de la «Guerra contra el narco», lo que se debería estar discutiendo es el tránsito a un modelo de seguridad ciudadana y fortalecimiento de las policías en vez de legislar al vapor una Ley de Seguridad Interior (LSI) que perpetuará la presencia militar en tareas ajenas a su naturaleza, sostuvieron ayer Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano (Onudh); Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Christof Heyns, ex relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales; Maite Azuela y Ernesto López Portillo, expertos integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra; y Mario Patrón, director del Centro Prodh.
En la Mesa «Seguridad y derechos humanos en México», moderada por la periodista Elisa Alanís, Christof Heyns advirtió que si se echa mano de una respuesta militar a largo plazo, un riesgo es que el Estado trate a sus ciudadanos no como ciudadanos, sino como enemigos, como sucedió en Tlatlaya. Señaló que esto agravará la situación lejos de aliviarla.
Las y los participantes coincidieron en que se debe dejar de pensar que seguridad y derechos humanos son opuestos, como han hecho creer los representantes de las instituciones que buscan perpetuar la solución militar a pesar de las evidencias concretas de su fracaso. Jan Jarab defendió que se debe redireccionar la pregunta principal para encontrar soluciones: «La pregunta debería ser si está usted satisfecho con la situación de seguridad actual, resultado de la militarización en la última década, y cómo salir de este paradigma y fortalecer la prevención».Ernesto López Portillo también se pronunció en la misma dirección: «Qué seguridad queremos es para mí la pregunta fundamental», y añadió: «Parecería que estamos discutiendo una Ley, pero en realidad estamos discutiendo si el Estado mexicano puede conciliar una idea de seguridad en relación a los derechos humanos». «Cuando hablamos de seguridad tendríamos que hablar de qué políticas nos aseguran la vida y la integridad física», señaló también Maite Azuela.»La seguridad sin Estado de derecho, sin derechos humanos, es inseguridad», defendió por su parte Mario Patrón.
López Portillo destacó que el Estado mexicano se niega a aceptar la complejidad de la violencia en vez de afrontar problemas de fondo. El titular de la CNDH señaló que soluciones parciales, como la LSI, no resolverán nada de fondo pues no tiene una visión integral preventiva y no atacan temas como investigaciones patrimoniales, fortalecimiento de las policías, sistema penitenciario y prevención de las desigualdades, entre otros. «Hay que preguntarse por qué los presupuestos de los policías están disminuyendo. Hay que preguntarse por qué desaparecen o bajan los presupuestos de prevención», insistió Jan Jarab, quien señaló que afianzar la solución militar desincentivará la profesionalización de las policías. También Heyns se mostró categórico al respecto «Si hay problemas dentro de la policía, que es lo que parece que hay, esos problemas deben ser enfrentados».
Las y los expertos reiteraron también que es necesario hablar de un retiro no inmediato sino gradual y medible de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Desde la ONU-DH México también señalaron la preocupación del contexto en el que se plantea la Ley de Seguridad Interior, ya que «podría entenderse como una legalización ex-post de la decisión hecha hace 10 años» de sacar el ejército a las calles a asumir tareas que no le son propias dentro de la llamada «guerra contra el narco», y que se encuentra a día de hoy sin marco legal donde acogerse.
La ONU y la CNDH ratificaron que no es deseable que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, pero que si a pesar de las advertencias los legisladores deciden hacerlo, hay salvaguardas para disminuir el impacto negativo que traerá para los derechos humanos; la Onudh señaló que ya presentó 16 consideraciones a los legisladores, mientras que la CNDH presentó ese mismo día un decálogo de prevenciones.