* En su informe anual, la organización denuncia que la impunidad generalizada, como en Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato, es una de las causas de retroceso para los derechos humanos.
Ciudad de México, 23 de febrero de 2017. “Estamos en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia en México”, sentenció Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe anual de la organización.El documento detalla las dimensiones de la grave crisis de derechos humanos que está viviendo México: durante el último año recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, se llevaron a cabo campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo, mientras la violencia contra las mujeres sigue siendo motivo de preocupación.
En el informe se muestra una gran preocupación porque no se esté fortaleciendo las policías y que, por el contrario, se esté intentando generar un marco legal que, a través de la Ley de Seguridad Interior, avale la continuación de la presencia militarizada en las calles; señala que seguir empleando personal militar en operaciones de seguridad pública hace que la violencia generalizada en el país aumente de manera notable. Así, 2016 fue el año con la cifra más elevada de homicidios desde el inicio del mandato de Enrique Peña Nieto: frente a los 33 017 del año 2015, sólo hasta noviembre de 2016 se contabilizaron 36 056 personas asesinadas.
Además de evidenciar “niveles récord” de violencia y desigualdad, la organización internacional también apuntó a la impunidad generalizada como causa del retroceso histórico para los derechos humanos; en este sentido señaló que “seguimos viendo casos de impunidad como Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato, y sigue habiendo fallos constantes en la realización de investigaciones prontas y expeditas”.
En el campo de la tortura, atendiendo al informe, se especifica que “en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de 3 000 peticiones pendientes de tramitación”. Se destaca que por ello, la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres de Atenco torturadas sexualmente.
Sobre la crisis de migratoria, enmarcada en la vulnerabilidad extrema de migrantes en tránsito y en el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, AI estima que anualmente 400 mil migrantes en situación irregular cruzan la frontera sur de México, la mitad de los cuales podrían reunir condiciones para obtener asilo debido a la situación de violencia de sus países de origen, entre otros factores. Asimismo, se hicieron eco de que en mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó al menos a 35,¿ 433 víctimas de desplazamiento interno en México.
AI reporta que al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a los largo del año 2016 y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no les ofreció protección adecuada. También se hizo eco de que, en febrero, varias organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una campaña de difamación contra el GIEI y contra ONG locales que trabajaban sobre el caso de Ayotzinapa. Entre los casos más recientes de asesinatos de personas defensoras destacaron el de Isidro Baldenegro y el de Juan Ontiveros, ambos en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, con dos semanas de separación entre ellos.
Asimismo el informe señala que las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales fueron una práctica generalizada en 2016, y los responsables siguieron gozando de una impunidad casi absoluta. Sobre las ejecuciones extrajudiciales, el estudio indica que sus autores gozaron de impunidad el año pasado porque esos delitos “no se investigaron adecuadamente”; el papel de las fuerzas armadas, que participaron en investigaciones que implicaban a personal militar, va en contra de lo dispuesto en la reforma de 2014 del Código de Justicia Militar. Las autoridades tampoco publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares por tercer año consecutivo.
Finalmente, Amnistía Internacional resaltó la importancia de una sociedad unida frente a la crisis de los derechos humanos y apuntó la “oportunidad” de México para convertirse en un “país de asilo” y para “pelear la retórica venenosa que pone en riesgo la vida de los migrantes y las personas refugiadas”, y así dar ejemplo y hacer frente a la especial vulneración de las personas en tránsito por el país.
*Consultar informe completo aquí.