Este mes la tortura estará en la agenda del Congreso mexicano. Combatir esta práctica generalizada debería ser una prioridad urgente para todos los poderes del Estado. Su impacto en México ha sido devastador, no sólo para las numerosas víctimas de tortura, sino además para la credibilidad del propio sistema de justicia penal.

Debido a este uso de la tortura para “resolver” casos, a las víctimas de delitos y sus familiares —ya sea Salazar o las familias de los estudiantes de Ayotzinapa— les resulta mucho más difícil obtener justicia, a la que tienen pleno derecho. Estos métodos nefastos generan información que no es confiable, socavan la credibilidad del proceso judicial y, muy frecuentemente, llevan a encarcelar a personas inocentes.

En vista de los deplorables antecedentes de México en materia de tortura, el Congreso debería aprobar una ley contundente para intentar eliminar esta práctica. Sin embargo, solamente habrá cambios reales cuando las autoridades mexicanas, desde el presidente hasta los agentes del Ministerio Público, los tribunales, la policía y las Fuerzas Armadas, se sientan obligadas a tomar mucho más en serio las normas que prohíben la tortura.