Cualquier discusión legislativa sobre el papel del ejército en la seguridad pública debe incluir un plan para regresar paulatinamente a los soldados a sus cuarteles, en vez de consolidar su presencia en tareas de seguridad pública. Un requisito fundamental para ello es fortalecer y profesionalizar las fuerzas policiales civiles de México.
El Congreso Mexicano debe tener presentes los costos en materia de derechos humanos si se aprueba una ley regulando la participación del ejército y la marina en operaciones de seguridad pública. Enfocarse en una ley para que las fuerzas armadas participen en funciones de seguridad pública, sin reconocer a las miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados daría el mensaje que la justicia, transparencia, y rendición de cuentas no son prioridad para el gobierno.
México necesita urgentemente un sistema de justicia penal funcional y capaz de investigar y llevar a juicio a soldados implicados en delitos y violaciones de derechos humanos.
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