Venimos de celebrar 100 años de nuestra Constitución. Se trata, en teoría, del documento que refleja el acuerdo común entre los y las mexicanas, el pacto que nos une como sociedad, donde se plasman los valores compartidos, el proyecto político común, y la organización política y social que aceptamos para regir nuestra vida en sociedad. Nuestra Constitución establece los límites de cada poder, frente a otros poderes y también frente a la ciudadanía. Establece, pues, las condiciones de seguridad jurídica.
La inclusión del arraigo en el texto constitucional no tuvo ningún cambio en el número de sentencias emitidas por delincuencia organizada. Los datos del CIDE, sin embargo, muestran que la probabilidad de tortura es mucho mayor durante el arraigo. Los riesgos de legalizar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública por vía de la figura de la «seguridad interior», también se han señalado y documentado. De aprobarse estaremos en pocos años también contando sus costos.
La inclusión del arraigo a nivel constitucional, y ahora del uso del Ejército para tareas de seguridad pública, son ejemplos de reformas impulsados por la clase política para avanzar sus intereses de coyuntura. La definición de Estado de derecho es la subordinación del actuar político a las normas jurídicas. Mientras sigamos anteponiendo la coyuntura política a la Constitución, hablar de Estado de derecho será retórica vacía.
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