El pasado 20 de enero el gobierno del nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en funciones. Sus primeras acciones muestran que muchos de los planes que contemplaba durante su campaña irán adelante. Entre ellos, para preocupación de una buena parte de la población de este país y de las y los activistas ambientales, climáticos y de derechos humanos del mundo entero, los de promover, con aún mayor intensidad, proyectos de combustibles fósiles.
Su Primer Plan de Energía establece muy claramente que Trump “está comprometido a eliminar dañinas e innecesarias políticas como el Plan de Acción Climático y las regulaciones sobre agua”. Con esta medida, pretende eliminar mecanismos públicos que ponen ciertos frenos, aunque aún limitados, a inversiones sucias, que vulneran derechos humanos, degradan el ambiente y nos llevan al caos climático, pero que son fundamentales para evitar que dichas inversiones fósiles nos afecten a todas y todos. Sin embargo, esta postura no resulta tan sorprendente cuando leemos que buena parte del Gabinete de Trump está integrado por personas ligadas a la industria del gas y el petróleo; cuyo exponente más llamativo es el nombramiento de Rex Tillerson, Director Ejecutivo de la compañía petrolera Exxon Mobile desde 2006 hasta enero de este año, como Secretario de Estado.
Por último, no podemos dejar de señalar otra similitud entre las políticas energéticas de uno y otro lado de la frontera: la promoción de proyectos vulnerando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Esta misma semana Trump autorizó dos oleoductos, Dakota Access y Keystone XL, tristemente famosos por las afectaciones a territorios ecológicamente frágiles y pertenecientes a poblaciones originarias y por la resistencia social que han desatado. Lo mismo está ocurriendo en México, donde el gobierno ha dado numerosos permisos para la construcción de ductos para el transporte de hidrocarburos, que atraviesan territorios indígenas en Chihuahua, la Sierra Norte de Puebla, San Luís Potosí, Veracruz y otras regiones del país. Tanto comparten ambos países, que es incluso la misma empresa, Transcanada , la que construye parte de esta infraestructura en los dos.
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