* El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México debía resolver impugnaciones de las empresas desde la semana anterior.
Ciudad de México, 27 de enero de 2017. Contra todo pronóstico, el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México pospuso el pasado jueves 26 de enero la resolución de las impugnaciones presentadas por Monsanto y demás corporaciones contra la suspensión del maíz transgénico en México, informó la Demanda Colectiva Maíz, quien lleva el proceso legal en defensa del maíz nativo.
El primer tribunal colegiado en materia civil con sede en la Ciudad de México debía resolver la impugnación que Monsanto, Syngenta Agro, Pioneer-Dupont y Dow Agrosciences presentaron contra la suspensión de siembra de maíz transgénico, vigente en el país desde el 17 de septiembre de 2013.
Ante la retirada del proyecto de sentencia, el abogado de la colectividad René Sánchez Galindo explicó que Monsanto pretende presionar al poder judicial presentando un escrito sobre quién va a tomar la decisión acerca del futuro del maíz mexicano, y recordó que la transnacional ya mintió al no declarar presencia ilícita de maíz transgénico. Aun así aseguró que “mientras la moneda esté en el aire, no habrá siembra de maíz transgénico en el país”.
La Demanda Colectiva Maíz ha logrado que se suspenda por mandato judicial la siembra de maíz transgénico en todo el país por más de tres años hasta que se celebre el juicio colectivo contra autorización de siembra de los organismos genéticamente modificados. La medida precautoria lleva sorteando impugnaciones desde agosto de 2013 frente a las transnacionales Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto.
Sánchez Galindo pidió a Monsanto dejar de mentir y presionar y confió “en que jueces, magistrados y ministros se van a mantener sin dejarse presionar”. Por ello, la representante de la Colectividad, Adelita San Vicente Tello, anunció que tomarán medidas para que grandes empresas no actúen sobre el poder judicial, que debe ser un poder independiente.