* Una cincuentena de organizaciones también exhortan al Estado mexicano a atacar las causas estructurales de protección de defensores cumpliendo las recomendaciones del Relator Especial de la ONU.
Ciudad de México, 25 de enero de 2017. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) lamentó que las autoridades mexicanas busquen restringir el impacto de la protesta social generando contextos de agresiones y abusos para quienes la ejercen, y consideró que el seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la situación de defensoras y defensores podrían contribuir a la construcción de un mejor panorama para el ejercicio de este derecho.
Al mismo tiempo, decenas de organizaciones de la sociedad civil recordaron que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos y urgieron a que las autoridades cumplan las recomendaciones del relator Michel Forst, quien recientemente concluyó su primera visita oficial a México. También exigieron el cese de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y condenaron el asesinato del defensor Isidro Baldenegro.
El FLEPS destacó que la protesta cumple un papel destacado en la defensa de derechos humanos y se sumó a la preocupación mostrada por el relator por la posible aprobación de una Ley de Seguridad Interior, que legalizaría el involucramiento de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública; también valoró a la recomendación referente a fortalecer los mecanismos y acciones contra la impunidad y recalcó la importancia de aquella dirigida a reforzar el Mecanismo de protección a personas defensoras y a que las autoridades mexicanas reconozcan la trascendencia de la protesta social como motor de expresión plural en sociedades democráticas.
Las organizaciones coincideron con el relator en que los obstáculos que enfrentan las personas que defienden los derechos a través de la protesta son la persistencia de la impunidad frente a abusos cometidos por elementos de seguridad y remarcaron la existencia de criminalización tanto mediática como judicial, utilizando tipos penales que por su ambigüedad permiten su uso desproporcionado.
*Consultar aquí comunicado íntegro del FLEPS y aquí comunicado íntegro de organizaciones de la sociedad civil.