*Presenta resultados de su visita en México; manifiesta preocupación por ataques y por Ley de Seguridad Interior.
Ciudad de México, 24 de enero de 2017. Tras pedir un minuto de silencio en memoria del recientemente asesinado ambientalista rarámuri Isidro Baldenegro, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, presentó los resultados preliminares de su primer visita oficial a México; destacó que la impunidad fomenta las repeticiones de ataques contra quienes defienden los derechos y advirtió de vulneraciones si se aprueba la Ley de Seguridad Interior.
El experto de la ONU identificó un riesgo especial en los defensores del ambiente y el territorio, las mujeres defensoras, los familiares de desaparecidas, los grupos indígenas y los periodistas.
«La protección de las personas defensoras de derechos humanos y su búsqueda de justicia seguirá persistiendo como problema mientras la impunidad siga siendo endémica en el país”, indicó el especialista independiente.
El relator explicó que aproximadamente el 98% de los crímenes cometidos en México siguen sin resolverse y consideró que esto envía el mensaje de que no hay consecuencias derivadas de cometer crímenes, lo que crea un entorno propicio para la repetición de violaciones. Tras destacar su preocupación por el “efecto de bola de nieve de la impunidad”, exhortó al gobierno a profundizar en su solución.
El uso de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, alertó Forst, quien destacó que la Ley de Seguridad Interior levanta alarmas ante la posible vulneración del derecho al debido proceso, entre otras, y recogió las preocupaciones de miembros del Congreso y sociedad civil sobre la normalización del uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
Forst advirtió que «la criminalización de defensoras está vinculada a las acciones tanto de elementos federales como estatales, incluyendo la policía, el Ejército, la Marina, autoridades gubernamentales y el poder judicial». En su informe muestra especial preocupación sobre la impunidad en el caso de graves violaciones de derechos humanos a defensoras, en particular desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Esto, indica, debilita la confianza de la sociedad civil en el gobierno y hace que defensores inicien vías alternativas, como familiares que corren altos riesgos para su seguridad por iniciar búsquedas de sus seres queridos; también aumenta la confianza en mecanismos independientes como el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala.
El relator también acusó la criminalización sufrida por defensoras mediante el uso de la justicia por parte de actores interesados, apoyados en la “débil independencia de la judicatura”, y advirtió que la sumisión de defensoras a largos procesos legales es un instrumentos intimidatorio y que la criminalización evita que la población presente denuncias ante la policía por crímenes serios.
Tras una visita en la que se reunió tanto con autoridades como con organizaciones y defensoras, Forst denunció las campañas de desprestigio en las cuales se realiza una representación de las defensoras como contrarias al desarrollo o como integrantes de grupos criminales, mostrando especial preocupación por la situación de organizaciones como Centro Prodh, Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que han sido blanco por su labor en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o tortura.
El relator agregó que “México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas. El periodismo de investigación es escaso debido al clima de inseguridad. Debido a la impunidad generalizada en los niveles estatal y municipal, la autocensura se ha transformado en común”.
En el caso de defensores de comunidades indígenas o rurales que se oponen a proyectos a gran escala, apuntó a las prácticas discriminatorias que afectan a la capacidad de los defensores comunitarios de solicitar medidas de protección. Alentó a las autoridades mexicanas a garantizar los procesos de consulta, para asegurar protección y respeto de los derechos de las comunidades indígenas. También realizó recomendaciones a empresas, las cuales deben abstenerse de tomar acciones que puedan afectar estos procesos de consulta. «Me ha consternado el número de conflictos existentes que son consecuencias directas de la falta o mal uso de los procesos de consulta con las comunidades indígenas. En muchas ocasiones, las consultas son una simple formalidad para proyectos que ya han comenzado a implementarse», resumió.
Ante el asesinato de 38 mujeres defensoras y periodistas entre 2010 y 2016, Forst recordó que las mujeres, por el hecho de serlo, padecen violencia sexual y son amenazas en redes sociales o campañas de difamación e insultos que las representan como prostitutas; en su informe señaló que las mujeres víctimas de tortura convertidas en defensoras de derechos humanos han sido objeto de campañas sexistas de difamación y acoso, como en caso de las que denunciaron tortura sexual en el caso Atenco. El relator se mostró impactado por la cantidad de defensoras que experimentaron discriminación por agentes del Estado o dificultades al solicitar medidas de protección.
Entre las recomendaciones realizadas al Gobierno de México se encuentran el reconocimiento público del papel desempeñado por defensores de derechos humanos y periodistas, así como la importancia de que sean debidamente consultadas en los debates legislativos que afectan a los derechos humanos y que sus opiniones sean debidamente consideradas, “esto es particularmente relevante a los proyectos de leyes generales sobre tortura y desapariciones y la ley de seguridad interna”. Igualmente, se pide al Gobierno garantizar investigaciones prontas e imparciales sobre violencias en contra de defensoras y la proporción de reparaciones, fortalecer el Estado de Derecho y aplicar plenamente las resoluciones de carácter internacional.