* No se ha invesigado el posible vínculo del crimen con las amenazas que sufrieron Nadia y Rubén en el estado de Veracruz, señalan familias y abogados.
Ciudad de México, 23 de enero de 2017. Ante la sentencia condenatoria emitida el pasado 19 de enero contra Abraham Torres Tranquilino como responsables del asesinato cometido el 31 de julio de 2015 contra Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa, familiares y abogados de las víctimas mostraron preocupación por la falta de exhaustividad de una investigación ”que mantiene muchas preguntas sin responder”.
Familiares y representantes se enteraron de la sentencia por los medios de comunicación, y rechazaron el tono celebratorio de Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), ya que la investigación no aclara por qué fueron asesinados ni si hubo más implicados en los hechos. Aclarando que no han tenido acceso a la totalidad de la sentencia, a través de un comunicado emitido por Article 19 pusieron en entredicho la actuación de los órganos judiciales a la hora de garantizar el debido proceso para las víctimas, la imparcialidad e independencia judiciales y afirmaron que que el caso continúa abierto, dado que las autoridades siguen teniendo la obligación de continuar con las indagatorias y exigen la reparación integral a las víctimas.
En el comunicado, representantes de las víctimas acusaron que la resolución provino de un juicio cuestionado en el que no se agotaron los peritajes fundamentales para esclarecer el contexto en el que ocurrió: no se valoró la agravante de violencia de género en el caso de los feminicidios, ni tampoco el activismo de Nadia Vera ni la labor informativa de Rubén Espinosa. Menos aún se tuvieron en cuenta las amenazas que recibieron Vera y Espinosa en el estado de Veracruz como posibles vínculos del crimen. Por ello condenaron que la jueza haya reproducido la versión de la PGJCDMX que, en lugar de buscar motivo del crimen, pretendió reducirlo a una serie de eventos mecánicos. Informaron que apelarán la decisión de la magistrada de negar la reparación de las víctimas justificando no tener elementos para cuantificar el daño: exigirán su reparación integral “conforme a los más altos estándares de derechos humanos”.
La organización defensora de la libertad de expresión señaló que esperan que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emita una recomendación de donde se puedan extraer las violaciones que la autoridad ministerial cometió en la investigación “desde los primeros momentos en agravio de las víctimas”y corregir las deficiencias en la investigación.
Los familiares explicaron que el caso sigue adelante con el objetivo de saber por qué fueron asesinadas las cinco personas. Actualmente, esperan la resolución de sentencias contra otros dos acusados y hay por lo menos otros tres sujetos que están siendo localizados por las autoridades debido a su relación con los hechos.