* A pesar de contar con antecedentes del actuar de Guerreros Unidos, autoridades a cargo de la investigación negaron a expertos internacionales
Ciudad de México, 19 de enero de 2017. El diario La Jornada reveló hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) ocultó al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) información sobre el uso de autobuses para traficar heroína por parte del cartel Guerreros Unidos, a pesar de las solicitudes de información de los expertos y de su sugerencia de explorar esa línea de investigación.
Las familias tampoco fueron informadas de estos antecedentes aunque los expertos señalaron que el móvil de los ataques contra los normalistas podría estar en que, sin saberlo, los estudiantes habrían retenido un autobús con un cargamento de la droga. La teoría del caso de la Procuraduría alegaba que los estudiantes habrían sido ejecutados y desaparecidos 43 de ellos por haberse presentado a boicotear un evento del Ayuntamiento, aunque el GIEI rápidamente demostró que no fue así.
El periódico detalló que el 10 de julio de 2014, en un operativo conjunto del Ejército y la PGR, fueron detenidos en Puebla Gonzalo Martín Souza Neves El Uruguayo y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del cartel, en posesión de 250 mil dólares en efectivo, tres vehículos y 24 kilos de lo que se identificó en un primer momento como cocaína, aunque resultó ser heroína. La Secretaría de Gobernación informó el mismo día, mediante el boletín 351/14, que Souza Neves había tomado el mando del grupo delictivo a partir de la detención de Mario Casarrubias Salgado, el 29 de abril de ese año, quedando a cargo del trasiego de droga a través de compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros (sic)
. Unas semanas antes, el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló que Mario Casarrubias realizaba tales traslados mediante tráileres con fruta y autobuses
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En el auto de formal prisión dictado a Souza y Bahena se detalla que este último fue descubierto en flagrancia, ya que al momento de su detención introdujo un paquete a la parte posterior
de un autobús de la compañía Guelaguetza Tours Inc, con sede en Chicago, Illinois. En su declaración, Bahena aseguró que ocultaba droga y dinero en el autobús por orden de Souza y porque así trabajaba Guerreros Unidos.
Pese a que todos esos antecedentes están consignados de manera oficial, la PGR no los proporcionó cuando le fueron requeridos por el GIEI.
«El 8 de enero de 2015, por ejemplo, la PGR emitió el oficio 263/2015 en respuesta a una solicitud de información sobre los antecedentes, estructura, líderes y células de Guerreros Unidos, e indicó que ‘únicamente’ localizó datos según los cuales el grupo delincuencial fue formado en 2011 por integrantes de La familia michoacana y los Beltrán Leyva, y opera en los estados de México, Morelos y Guerrero», detalla el reportaje, que indica que en el documento se incluye un esquema de la estructura del grupo pero el nombre de Souza Neves no aparece en ninguna categoría y no hace referencia al tema de los autobuses. En el oficio 0402/2015, emitido un mes después, la Policía Federal incluye otro esquema de Guerreros Unidos donde tampoco informó de la existencia de Souza Neves.
«Esta misma falta de datos sobre el detenido o de la utilización de autobuses para traficar drogas puede notarse en los oficios 4800/2015, del 9 de marzo de 2015; el 3417/2015, del 14 de abril; el 9540/2015, del 13 de mayo, y el 137107/2015, del 14 de julio, todos elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR. En enero y marzo de 2016, la procuraduría dio a conocer dos documentos más sobre el tema, pero en esta ocasión todos los datos al respecto aparecen testados (reservados)», indica La Jornada.
Al presentar en junio de 2016 su informe final sobre el caso Ayotzinapa, la PGR señaló que respecto de la versión de que el citado autobús (en referencia a uno de los que tomaron los normalistas antes de ser atacados) podría haber sido utilizado para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, hasta el momento no se encontraron evidencias que sustentaran esa hipótesis
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Ante la omisión de tan importante información, los padres de los estudiantes desaparecidos enviaron el 23 de diciembre de 2016 un documento de denuncia a la PGR, en el que se quejan de que omitió decir que Souza Neves estaba mencionado con el alias de El Uruguayo en una libreta que se le decomisó a Sidronio Casarrubias, uno de los supuestos involucrados en la desaparición de los jóvenes. En ese mismo cuaderno, presuntamente Casarrubias también tenía anotados los nombres y teléfonos de Omar Hamid García Harfuch, entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal en Guerrero, y Leonardo Vázquez, secretario de seguridad pública de esa entidad.
Los familiares consideraron que este ocultamiento deliberado podría indicar que no ha habido buena fe de la PGR, que ha dicho siempre que no cuenta con antecedentes de que se emplearan autobuses para el trasiego de narcóticos.
Cuando el GIEI solicitó en septiembre de 2015 indagar más al respecto, autoridades mexicanas enviaron una solicitud de información al gobierno estadunidense, pero ésta era muy general y no específica sobre el caso de Chicago, por lo que el Departamento de Justicia respondió que “la búsqueda sobre Guerreros unidos es demasiado amplia para poder asistir apropiadamente”. La petición fue elaborada y rechazada nuevamente en febrero de 2016. En abril de ese año la Procuraduría General de la República informó que ya había iniciado el trámite de asistencia jurídica con Washington. Pero al cometer errores de procedimiento –calificados por el GIEI de incomprensibles
–, la línea de investigación de los autobuses no se incluyó en la indagatoria.
Por su parte y para descartar el uso de autobuses de pasajeros en el trasiego de drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó el testimonio de uno de los detenidos, Gildardo López Astudillo, alias El cabo Gil, a quien se atribuye el supuesto asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su posterior incineración, pero que denunció haber sido torturado para arrancarle confesiones inculpatorias.
Para Carlos Beristain, integrante del GIEI, esta suma de «incapacidades» podría hablar de dolo, lo que tiene que investigarse a fondo.
Las y los especialistas fueron designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en el marco de medidas cautelares otorgadas por el organismo interamericano a las víctimas.