Para mejorar la percepción de inseguridad necesitamos evidencia de efectividad institucional, de menores niveles de incidencia delictiva, que existe una mínima reparación del daño, sanciones acordes con el marco normativo, que hay una atención y tratamiento humano de las víctimas y que se vela por los derechos humanos de éstas como de los imputados.
Es cierto que no todas las autoridades ni los gobiernos son iguales, hay algunos funcionarios que dan la vida pese a las dificultades institucionales que enfrentan. Sin embargo, es incuestionable que nuestras autoridades no están actuando como debieran, especialmente cuando salen a descalificar el descontento ciudadano y a minimizar el problema. Es evidente que no se percatan que de este modo sólo abonan a que nos sintamos cada vez más indefensos.
Si queremos mejorar no sólo nuestra percepción, sino nuestra realidad nacional urge la aplicación de la ley, el combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos de cada uno de nosotros.
Urge que no cerremos los ojos a la crisis de seguridad, de la cual se desprende la percepción de miedo que nos embarga.
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