* Otros Mundos y MAPDER acusaron al Estado mexicano de otorgar permisos para la tala de árboles, contra el cual lucharon cuatro tarahumaras más asesinados en 2016.
Ciudad de México, 19 de enero de 2017. Después de que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, condenara el asesinato del ecologista rarámuri Isidro Baldenegro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también repudiaron los hechos.
Los asesinatos contra personas defensoras siempre deben ser esclarecidos y sancionados para asegurar que éstos no queden impunes y contribuyan a incrementar el riesgo que ellas enfrentan”, han declarado conjuntamente la ONU y la CNDH. Ambas organizaciones llaman a las autoridades federales y a las del estado de Chihuahua a adoptar medidas de urgencia para defensoras de la comunidad de Coloradas de la Virgen y piden al gobierno del Estado de Chihuahua implementar medidas cautelares para proteger a la familia de Baldenegro.
Desde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab ha urgido al Estado mexicano a “dotarse de un plan de protección integral” que garantice especialmente la seguridad de los pueblos indígenas, dada la “extrema vulnerabilidad en la que viven las defensoras y los defensores de derechos humanos que en la Sierra Tarahumara” y en las zonas remotas con alta presencia de crimen organizado.
La organización ambientalista Otros Mundos, junto con Amigos de la Tierra México y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), también condenaron el asesinato de Baldenegro y acusaron al Estado mexicano de haber otorgado permisos para la tala de árboles «en violación del derecho de los Rarámuris a manejar su territorio». Indicaron que a causa de la lucha por la cancelación de esos permisos han sido asesinados cuatro miembros Tarahumaras de Coloradas de las Flores durante el año 2016.
En el comunicado, ambas organizaciones informan de que tres defensoras latinoamericanas más han sido asesinadas durante la última semana por defender el territorio de grandes proyectos empresariales. «Denunciamos la responsabilidad de los gobiernos en cada uno de éstos asesinatos, por considerar que los intereses de las empresas valen más que la vida de los pueblos. Denunciamos la violencia del Estado, la violencia corporativa y la violencia del crimen organizado, perversamente entrelazadas» concluyeron.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) documentó 63 ataques a defensoras de la tierra y el territorio ocurridos durante el año 2016 en México, en un informe presentado recientemente. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) también alertó del incremento de ataques a comunidades que defienden los derechos humanos frente a inversiones de gran escala, los cuales se han tornado «sistemáticos, estratégicos e intrínsecos a la forma de hacer negocios en muchas regiones de América».