* Estado de México, Sonora y Oaxaca, los estados con mayores ataques en 2016, señalan en informe.
Ciudad de México, 18 de enero de 2017. Con 63 ataques documentados en 2016, México sigue siendo un país riesgoso para quienes defienden los derechos relacionados con la tierra y el territorio en México, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) en su Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México.
En su informe, la organización ambientalista consignó que las entidades donde encontró el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con un caso.
Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del CEMDA, advirtió que “el Estado mexicano debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales, y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades, en los tres niveles de gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones”. De acuerdo con los datos obtenidos, 43% de las agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; el 14% fueron cometidas por particulares; el 7% por parte del personal de las empresas; el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y el 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% de los casos no fue posible identificar a los agresores.
Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17 (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7). «En este caso, se mantiene cierta homogeneidad respecto a los años anteriores, siendo evidente que se trata de tipos de megaproyectos que históricamente han mostrado ser fuente de conflicto en México por sus graves impactos ambientales, sociales y culturales», aclaró la organización. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24%), seguidas de la intimidación con un 19%, la criminalización en un 18% y las agresiones físicas en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2% cada uno. Se registró un caso de homicidio en Chihuahua, vinculado con tala clandestina.
«La corrupción y la impunidad han sido señaladas como factores que propician las agresiones a las y los defensores del medio ambiente así como el incremento de los conflictos socio-ambientales por los intereses económicos implicados; otra causa de estos conflictos es el desequilibrio del poder entre los estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales», agregó el CEMDA.
La organización incluyó en su informe una serie de recomendaciones al Estado mexicano, que incluyen garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y las comunidades e indígenas, así como a la participación en las decisiones que les afectan, además de vigilar en todo momento que se respeten los derechos humanos de las personas que habitan en los territorios donde se busca desarrollar los proyectos, suspendiendo aquellos donde ocurran violaciones a los mismos.
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