* Los ataques se han tornado sistemáticos, estratégicos e intrínsecos a la forma de hacer negocios en muchas regiones de América, denuncia el CIEDH.
Ciudad de México, 16 de enero de 2017. Los pueblos indígenas y las mujeres defensoras en América Latina presentan una situación de vulnerabilidad especial, señaló el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); la organización alertó también del incremento de ataques a comunidades que defienden los derechos humanos frente a inversiones de gran escala.
El protocolo de actuación del CIEDH contempla realizar invitaciones a las empresas para que respondan sobre las denuncias interpuestas en su contra. Desde septiembre de 2013 hasta diciembre de 2016, el CIEDH invitó a 156 empresas a responder sobre abusos contra personas y comunidades que se oponían a proyectos empresariales: el sector energético recibió el 41% del total de los requerimientos, seguido del sector minero (27%), el sector de la construcción (13%) y finalmente del sector agrícola, alimentos y bebidas (12%). En el mismo periodo de tiempo, el CIEDH documentó intimidaciones y amenazas en 51 ocasiones, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Según los datos obtenidos, los países más peligrosos para defensoras fueron Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.
En el caso mexicano la organización recordó que, en 2016, una coordinación de ONG documentó 32 casos de abusos contra defensoras y 4 asesinatos. Entre los casos de más gravedad se encuentra el de la denuncia realizada por ONG locales en 2016, según la cual empresas que trabajaban para Ferromex – parte del Grupo México – habrían asesinado a migrantes centroamericanos en tránsito por México y amenazado a defensoras; la empresa nunca contestó a las peticiones de la CIEDH acerca del caso.
En 2014, organizaciones internacionales afirmaron que líderes comunitarios en defensa de la tierra eran indiscriminadamente atacados en México, Guatemala, Nicaragua y demás países. Entre las empresas responsables se incluyen a Abengoa, Bonatti, Enagas, Elecnor, B2Gold, Gas Natural y Exmingua (parte de Kappes, Cassiday & Associates).
El riesgo particular que corren las mujeres activistas e indígenas queda patente en los ejemplos aportados por la CIEDH. A principios de 2016 Nilce Souza Magalhães fue asesinada por denunciar los perjuicios sociales y ambientales que causan las hidroeléctricas en el estado de Rondônia, Brasil. También Marina Manoel fué violada y asesinada por proteger las tierras de la comunidad guaraní de la ocupación ilegal para la caña de azúcar, la soya y la ganadería. En 2016 el asesinato de Bera Cáceres tuvo especial repercusión al ser una reconocida activista medioambiental y ganadora del Premio Goldman; Cáceres había recibido amenazas por sus acciones contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, aunque ninguna de las amenazas fue investigada por el Estado.
El Centro alerta de que los últimos tres años en América Latina «se han caracterizado por un preocupante y claro incremento en la criminalización y los ataques en contra de organizaciones y comunidades que están defendiendo y promoviendo los derechos humanos frente a inversiones de gran escala, así como violaciones de derechos laborales». Añaden datos del informe de 2016 de Global Witness, que reporta que 85 activistas ambientales fueron asesinados a nivel mundial en 2015, dos tercios sólo en América Latina.
*De click aquí para consultar el informe en su totalidad