Los abusos policiales tienen en su origen una estructura jerárquica poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder y operan muchas veces, más al servicio de intereses políticos.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) las instituciones menos confiables en materia de seguridad son la Policía Municipal (48.7%), el Ministerio Público (47.6), la Policía Ministerial (47.5%) y la Policía Estatal (42.8). El orden de la desconfianza se debe a muchos factores, pero la corrupción es uno de los principales, la encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental 2015, marca que 48.9% de la población percibe a la corrupción como algo de frecuente ocurrencia en su entidad
La comunidad que es víctima de un abuso y no denuncia, se vuelve cómplice por omisión o por miedo. En el México de hoy, la realidad es que, como ciudadanos, nos resulta más fácil gritar, divulgar y agredir a la Policía a través de las redes sociales, que seguir los caminos institucionales para asegurar que se investiguen y sancionen los abusos. Conocedores de los servicios que ofrecen Procuradurías y Policías, para muchos es mejor y más fácil dar rienda suelta a su enojo mediante el anonimato de internet que presentarse en una institución que, incluso, puede convertir su queja en un riesgo a la seguridad personal. Y las instituciones y sus miembros no lo ven, escudados en lo que marca la ley, muchas veces prefieren cerrar los ojos ante la evidencia en video porque sus procedimientos así lo indican.
En ese sentido, es indispensable la modernización de los procesos de detección de abusos y la investigación de los mismos, así como el desarrollo de mecanismos de prevención del abuso. Si de verdad la autoridad policial tuviera algún interés en mejorar su imagen ante la ciudadanía, tendría que empezar por ello. En una época de hartazgo ciudadano, sería un buen punto de partida para recuperar la legitimidad de las instituciones.
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