*La Ley de Seguridad Interior permitiría que casos como éste volvieran a ocurrir y perpetuaría la impunidad, alertan defensores.
Ciudad de México, 12 de enero de 2017. El caso de Bonfilio Rubio Villegas, naua ejecutado por militares en 2009, fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 2 de enero. Las organizaciones acompañantes -el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Robert F. Kennedy Human Rights y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón- denunciaron el fallido acceso a la justicia de los familiares de la víctima y la impunidad militar.
Los defensores coincidieron en alertar sobre la peligrosidad de la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fomentaría casos como éste. Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, indicó que “aprobar la ley de Seguridad Interior sería dar una carta en blanco para perpetuar la impunidad de los militares”; destacó que en Guerrero la violencia no ha dejado de aumentar pese a que la militarización persiste desde la “guerra sucia”. Abel Barrera, director de Tlachinollan, sentenció: “El ejército se erige como autoridad por encima de las autoridades civiles, que se supeditan a su poder”.
Rubio Villegas – originario de Tlatzala, en Guerrero – murió cuando elementos del 39 Batallón de Infantería del Ejército mexicano abrieron fuego indiscriminadamente en contra del autobús de pasajeros en el que viajaba a la altura de un reten militar ubicado en Huamuxtitlán. La escena del crimen fue tomada por los castrenses y las primeras investigaciones se realizaron dentro de fuero militar, impidiendo a la familia recibir información al respecto. Tras una larga lucha, familia y defensores consiguieron llevar el caso a la justicia civil, aunque al no realizarse una nueva investigación independiente y conforme al debido proceso, el único militar procesado fue exonerado. Dada la ineficacia de las vías de justicia estatales decidieron presentar el caso ante la CIDH.
El hermano de Bonifilio, José Rubio Villegas, recordó: «llevamos 7 años luchando para que se castigue a la persona que disparó a mi hermano y a las que dieron la orden de disparar”. Subrayó la dificultad de la gente con pocos recursos para acceder a la justicia. Se solidarizó con otras familias que han perdido seres queridos de esta forma y llamó a detener la militarización de México.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, recordó que México es el país latinoamericano con más peticiones presentadas ante la CIDH. “Las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias son configuradas penalmente como homicidios sin que existan agravantes por ser perpetuadas por funcionarios del Estado”, condenó.