Hoy comienzan las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión. Existen dos propuestas sobre la mesa: una del PRI en la Cámara de Diputados, otra del PAN en el Senado. Ambas incluyen un concepto nunca antes regulado – Seguridad Interior – a través del cual se busca facultar al Ejército – y otras fuerzas federales – para realizar tareas de seguridad pública propias de las policías (como la prevención e investigación del delito, detenciones en cualquier delito, o peritajes penales), pero bajo una lógica de Seguridad Nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas).
La Ley de Seguridad Interior, se repite una y otra vez en distintos foros, es indispensable para regular la presencia de Ejército en las calles. Ante la ausencia de autoridades civiles que realicen las tareas de seguridad pública, debemos (nos dicen) conceder al Ejército las facultades legales para hacer lo que los civiles no pueden ni quieren hacer. Así, esta ley representa el fracaso del poder civil y la renuncia de los civiles de cumplir con una de sus obligaciones constitucionales: proveer seguridad a los ciudadanos a través de instituciones civiles, no militares.
Muchos se han referido a México como un Estado fallido, uno donde la presencia del Estado es limitada y su capacidad precaria. Las propuestas en la mesa buscan construir Estado mediante la coacción. Sin embargo, falta legitimidad y legalidad. Son las escuelas, los juzgados, las posibilidades de trabajos dignos, las calles sin baches, los trámites y mordidas y los centros de salud con medicinas los que darán permanencia al Estado mexicano, no los retenes militares ni los convoyes. La «regulación» del Ejército para realizar tareas de seguridad pública sin contrapesos efectivos y en abierta violación de la Constitución, no logrará la reconstrucción de la legitmidad estatal. Los últimos diez años muestran que ésta ruta sólo dejará más violencia y un Estado cada vez más endeble.
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