Si los militares hablaran, nos enteraríamos de su diagnóstico respecto a las condiciones en las que se encuentran las instituciones policiales y las de procuración de justicia a lo largo del país. Si hablaran, también accederíamos a la información que ellos tienen sobre la corrupción de los funcionarios electos de los tres órdenes de gobierno. Eso jamás sucederá y, de cara a las discusiones en torno a la iniciativa de creación de la ley de seguridad interior, nos coloca ante un problema mayor y cuyas consecuencias apenas podemos atisbar.
¿Y por qué digo que la respuesta es de valor crítico? Por la sencilla razón de que ahí es donde probablemente reside la motivación principal de los militares para promover la creación de la ley de seguridad interior. Es decir, acaso desde la mirada de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, el problema principal a resolver con su intervención regular en tareas policiales y ministeriales es la descomposición de la autoridad civil, justamente porque ésta es la causa eficiente de la expansión del poder criminal. La hipótesis es sin duda plausible luego de décadas acumuladas en las que los militares vienen reconociendo los déficits estructurales del poder civil.
Vamos a poner la hipótesis en otros términos: la ley de seguridad interior, más que ser la vía para fortalecer el auxilio militar a las autoridades civiles, como se le vende, es la vía para acelerar la sustitución de los civiles por los militares, dado el imposible saneamiento de los primeros, donde tal conclusión deriva del diagnóstico que las fuerzas armadas han construido y al cual no tenemos acceso. Si esto fuera cierto, como antes escribí, estamos ante un escenario de proporciones apenas sospechadas porque la disfuncionalidad de esas instituciones civiles tiene como primer responsable al poder político electo del que dependen. Esto sería entonces un relevo político, más allá que operativo.