En estas semanas ha cobrado protagonismo una discusión toral: ¿cómo lidiar con una crisis de seguridad como la que enfrenta México sin abandonar al constitucionalismo democrático? En realidad no se trata de un tema nuevo pero sí es una cuestión crucial. Ya se ha dicho mucho y bien en estos días: la guerra iniciada en el calderonismo ha sido una calamidad con costos humanos, institucionales y culturales muy altos.
Lo que ahora se busca es contar con un marco normativo que contribuya a salir del atolladero. En la búsqueda de su definición se han generado algunas inquietudes fundadas. Bajo la premisa de que son necesarias normas para legitimar la intervención militar en acciones de policía y para regular la actuación del Estado ante situaciones o estados de emergencia, algunas iniciativas legislativas amenazan con «normalizar la excepción». Quizá lo primero que conviene advertir es que -contrario a lo que algunos suponen- ningún marco legal podría blindar a las fuerzas del Estado contra la responsabilidad derivada de actos que constituyan violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado está la discusión sobre la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional sobre la suspensión del ejercicio de derechos y garantías «que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente» a situaciones catastróficas o calamitosas. Esa ley también es necesaria, pero debe redactarse con particular cuidado porque está en juego una cuestión vital para las personas y para cualquier Estado que pretenda ostentarse como constitucional. Lo que hoy tenemos es una iniciativa potencialmente inconstitucional e inconvencional.
Por todo lo anterior no debemos equivocarnos. Tenemos la oportunidad de reencauzar legalmente la crisis de seguridad en la que nos encontramos y podemos hacerlo hacia los rigores del Estado de Derecho o hacia las licencias de la arbitrariedad legalizada. En el primer caso subsistiría la democracia; en el segundo continuará el horror y, después, llegarán los juicios. La historia moderna enseña.