¿Qué pasó en Iguala, Guerrero, con los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26-27 de septiembre de 2014? El gobierno ha querido ocultarlo y ha tendido un velo de impunidad sobre la responsabilidad de los militares, pero el trabajo incansable de varios periodistas y de especialistas extranjeros permite llegar a una hipótesis fundada que puede sintetizarse así:
Dos de los autobuses secuestrados por los normalistas llevaban, sin que los estudiantes lo supieran, un cargamento de heroína con valor estimado de 2 millones de dólares, por lo cual militares del 27 Batallón de Infantería y policías municipales, estatales y federales recibieron una orden del capo que los tenía en su nómina: recuperar a cualquier precio el valioso cargamento (AH). Y el precio fue la desaparición de los 43 estudiantes. Los jóvenes ingresaron en una de las cruentas zonas de ingobernabilidad del país: el reino de la amapola, de la goma de opio y de la heroína que ahí se cultivan, procesan, almacenan y distribuyen (JR).
Una conducta patriótica exigiría a los jefes castrenses, principalmente al general Salvador Cienfuegos, propiciar el procesamiento de los militares involucrados, lo cual destrabaría el enjuiciamiento de todos los responsables civiles. En vez de ello, el general secretario parece querer situarse por encima del poder civil, llámese Ejecutivo o Legislativo. No obstante, sus polémicas declaraciones recientes aciertan en un punto: las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles. Ahí está su lugar, no en las calles, ni en retenes ni en la persecución de delincuentes.
¿Actuará el jefe supremo de las Fuerzas Armadas para satisfacer a la justicia y no a la pretensión de inmunidad… o su debilidad es tal que su supremacía deviene inexistente?