*Sin Fronteras documenta malos tratos, trabas a la defensa y omisiones de autoridades en centros de detención.
Ciudad de México, 07 de diciembre de 2016. Con el envío de 190 mil 366 personas a los centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM), 2015 se convirtió en uno de los tres años en que ha habido más detenciones de migrantes en los últimos tres lustros, de acuerdo con el informe «Detención sin excepción», de la organización Sin Fronteras.
Del los cerca de 522 detenidos al día, 82 por ciento fue expulsado del país.
El documento, que resume los 20 años de trabajo de la organización, detalla que las personas detenidas por su condición migratoria se encuentran sin alternativas al encierro, sin la prohibición de detener a solicitantes de asilo, niños, niñas y adolescentes y con la limitación de su derecho a comunicarse con personas de su confianza, a solicitar asilo o asistencia consular, además de la falta de intérpretes y de información sobre el propio caso. En quince años, más de 2 millones de personas han sufrido estas violaciones a sus derechos humanos.
“La violencia en los países de origen, los abusos en el trayecto migratorio, la desaparición de familiares y amigos, los secuestros, violaciones y ultrajes sobrevividos, la falta de acceso a la justicia, los pocos casos denunciados sin respuesta, la impunidad y la xenofobia forman, todos ellos, una acumulación de elementos que es imperativo atender para subsanar el problema del ausente o carente enfoque humano de las migraciones”, detalló.
La organización expuso que el proceso de detención y confinamiento ha traído afectaciones a la salud física y mental de las personas afectadas, y lamentó que las recomendaciones hechas al gobierno desde 2003 se deban repetir y que éste sólo use eufemismos para los mismos actos. Reiteró la necesidad de que el INM agilice los trámites para ingresar en los centros de detención tanto a la sociedad civil como a organismos nacionales e internacionales y transparente el gasto destinado a esas estaciones.
En paralelo, la organización urgió que la dependencia capacite a sus agentes “hacia un enfoque de responsabilidades y obligaciones” que sancione los abusos perpetrados contra los indocumentados en las estaciones migratorias.
*Con información de Proceso