*Familias de Banavil sobreviven en condiciones inhumanas luego de las agresiones de militantes del PRI, detallan.
Ciudad de México, 02 de diciembre de 2016. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que a cinco años de la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, el gobierno mexicano no ha hecho una búsqueda para hallar su paradero y los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas tseltales originarias de Banavil, Tenejapa, Chiapas.
La familia de Alonso López Girón tuvo que salir de sus casas por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la misma comunidad de Banavil, el 4 de diciembre de 2011. Cerca de 50 personas, con palos y armas de fuego rodearon el lugar y sacaron a golpes a Alonso López Luna, de quien se desconoce su paradero. Ese mismo día Lorenzo López Girón recibió un primer disparo del lado derecho del pecho y luego otro proyectil a la altura de la ingle por lo cual fue trasladado al hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde fue detenido por policías estatales, con la acusación de lesiones calificadas.
Ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobreviven en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario. «Especialmente preocupante es la situación de las mujeres, niñas y niños, quienes carecen de alimentación adecuada y servicios de salud, así como de educación. El 21 de febrero de 2013, a consecuencia de padecer vulnerabilidad en desplazamiento forzado, la niña Antonia López Girón murió a la edad de 11 años», especificó el Frayba.
La organización explicó que el Estado mexicano incumple promover y proteger los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos Forzados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como garantizar derechos básicos de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros; garantizar las condiciones de retorno con seguridad y reintegración en su comunidad, además de la procuración de justicia.
En reunión con autoridades federales, el 07 de marzo de 2016 el Frayba solicitó se designe una comisión de especialistas por parte de las instituciones del Estado para una búsqueda e investigación minuciosa y urgente en los alrededores del lugar de la agresión, donde se presume que pueda estar el señor Alonso López Luna; accionar mecanismos interinstitucionales en los tres niveles de gobierno para generar las condiciones del retorno definitivo con seguridad, así como cumplir con la reparación integral de daños a las víctimas del desplazamiento forzado de Banavil. «Sin embargo, a la fecha no han dado seguimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos del estado de Chiapas y federal, al contrario han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación de los hechos del día 4 de diciembre de 2011 y sin justicia en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante los cinco años del desplazamiento forzado. Lo anterior trae como consecuencia la impunidad que ubica en riesgo a la vida, integridad y seguridad personal a las personas desplazadas a quienes no se les ha garantizado sus derechos humanos y por consiguiente el acceso a la justicia», lamentaron las y los defensores.
El Frayba exigió que el Estado mexicano realice las investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de Alonso López Luna, con la colaboración de peritos de la Procuraduría General de Justicia; genere condiciones para el retorno con seguridad de las actualmente 21 personas desplazadas forzadamente, así como garantizar las tierras y sus derechos colectivos como integrantes del pueblo indígena tseltal; garantice los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las y los integrantes de las familias desplazadas forzadas de Banavil; cumpla con la reparación integral de daños de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y por los robos y daños de sus casas; proteja los derechos humanos e indígenas de las personas desplazadas, especialmente de niñas, niños y mujeres, debido a las condiciones de vulnerabilidad, e implemente medidas de no repetición de los hechos.
El Frayba recordó que en Chiapas, el desplazamiento forzado se ha dado en un contexto de guerra para eliminar los procesos organizativo de los pueblos. «A las ya históricas cifras del desplazamiento forzado de comunidades que desde 1994-2000 no pudieron regresar a sus territorios por las amenazas de grupos paramilitares se suman centenas de desplazados y desplazadas en un nuevo contexto de guerra», afirmó.