*Fue detenido hace tres años para desmovilizar a la Policía Comunitaria de Guerrero, denuncian ONG.
Ciudad de México, 02 de diciembre de 2016. A tres años del encarcelamiento del líder comunitario Arturo Campos Herrera, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores pidieron a los jueces que llevan su proceso que se apeguen a los principios y tratados internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a tener sus propias formas de organización social y política, así como al autogobierno.
Las organizaciones recordaron que el primero de diciembre de 2013, Campos Herrera fue detenido en la ciudad de Chilpancingo al concluir un mitin. El dirigente «llegó desde Ayutla para exigir la libertad de trece de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) detenidos de manera arbitraria, por dar cumplimiento al mandato de la asamblea regional. Arturo sabía de una orden de captura en su contra, pero aun así asumió el riesgo de lo que representa defender los derechos del pueblo. Se trataba de alzar la voz por la libertad de sus compañeros, pero también de reivindicar los sistemas normativos indígenas que el gobierno estatal y federal se empeñan en pisotear y desacreditar de muy diversas formas», explicaron.
Campos Herrera fue trasladado al puerto de Acapulco y se impidió que sus abogados de confianza pudieran estar presentes en su declaración preparatoria. «El plan de su captura fue desmovilizar a la CRAC, que exigía la libertad de Nestora Salgado, y colocar a sus dirigentes más combativos en penales de alta seguridad. Arturo Campos fue trasladado de inmediato al Penal del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez», indicaron. El dirigente permaneció aislado por más de un año y actualmente se encuentra recluido en el penal de Ayutla, donde enfrenta dos procesos penales por los supuestos delitos de secuestro.
Arturo Campos ha logrado demostrar su inocencia en cuatro causas penales de las siete que pesaban en su contra. «En este arduo proceso jurídico los jueces Federales han reconocido al sistema de justicia comunitaria, resolviendo que el delito de secuestro no está acreditado. Sin embargo, ha pesado pesa más la línea de mantener en prisión a Arturo Campos por ser una voz que tiene arraigo entre los pueblos indígenas discriminados secularmente», denunciaron las organizaciones.
Antes de ser aprehendido, Arturo Campos se involucró decididamente en la denuncia de la masacre de El Charco, inició denuncias por la violación de mujeres me’phaa a manos de soldados y organizó a las comunidades para integrarse a la CRAC-PC .
Las organizaciones firmantes del comunicado exigieron la libertad inmediata e incondicional de Arturo Campos Herrera, que se reconozca su trayectoria como defensor comunitario, que los jueces que llevan su proceso se apeguen a los principios y tratados internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a tener sus propias formas de organización social y política, así como al autogobierno, respeto al sistema de Justicia Comunitario de a CRAC-PC y a la ley 701 y un alto a la criminalización de la lucha social.