*Piden al Senado que incorpore a la sociedad civil en un proceso público, transparente y participativo.
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2016. Después de dos días de debate en el Seminario Internacional “La Fiscalía que México Necesita: Reflexiones desde la experiencia latinoamericana para el diseño de la nueva Fiscalía General de la República”, expertos internacionales, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos señalaron que las iniciativas legislativas del Presidente de la República y los partidos políticos, que abren la posibilidad de evitar el pase automático del último procurador General de la República a Primer Fiscal General, son un paso positivo, pero no suficiente.
La presentación de las iniciativas «abre la posibilidad de que el Senado revise la actual redacción del articulo 102 constitucional para que incorpore expresamente las garantías de meritocracia, publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil en la selección del Fiscal General de la República. Esta revisión debe igualmente considerar la modificación del artículo décimo noveno transitorio, para que todos los funcionarios que ingresen a la institución aprueben un concurso de oposición y méritos», abundaron los participantes por medio de un comunicado, en el que insistieron en que el primer Fiscal debe ser elegido mediante un proceso público, transparente y participativo para ser capaz de conducir estratégicamente la Fiscalía y de resistir presiones de todo tipo, así como de recuperar la confianza ciudadana en la institución.
«Por otro lado, el Senado debe iniciar un debate público, técnico e informado para discutir el modelo de una Fiscalía que sirva. El primer paso para ello es abtenerse de aprobar leyes secundarias sobre la Fiscalía que no sean el resultado de una discusión informada, técnica y participativa. La aprobación apresurada de una nueva regulación, que no atienda a la complejidad de los componentes de una Fiscalía moderna, que no recoja los avances y lecciones de las experiencias comparadas internacionales, y que no responda adecuadamente a los desafíos de transitar hacia un nuevo modelo penal acusatorio que requiere consolidarse, puede significar para México la consolidación de la impunidad», expresaron.
Las organizaciones se comprometieron a enviar al Senado las conclusiones de su seminario e insumos que permitan reformar el artículo 102 de manera integral y armónica con las necesidades del país.
Para las y los expertos, los aspectos mínimos que deben servir como punto de partida para la discusión de la Ley Orgánica de la FGR son: Autonomía funcional y presupuestal y servicio civil de carrera para todos los funcionarios; modelo organizativo y de gestión adecuada; bases para que el Fiscal establezca una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país, con un modelo de investigación orientado a la realidad; flexibilidad de coordinación y comunicación; esquemas de eficiencia que permitan superar la burocracia, lentitud y descoordinación y que se adecue a la implementación de un sistema acusatorio; establecimiento de competencia federal clara para superar problemas actuales de atracción y conexidad; especialización en materia de derechos humanos y esquemas que permitan una efectiva participación de las víctimas; mecanismos de control adecuados mediante la transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil y academia y autonomía de servicios periciales.
«Es obligación del Senado y de la Cámara de Diputados garantizar que la discusión pública sobre el modelo de la Fiscalía sea seria, creíble, técnica e informada. Los cambios superficiales tendrían un alto costo político y consecuencias muy difíciles de revertir en términos de impunidad», finalizaron.