*El nombre de el hoy titular de la AIC y del entonces Secretario de Seguridad Pública estatal están en una agenda de Sidronio Casarrubias que fue ocultada al GIEI. «¿Qué hubiera pasado si el nombre hubiera sido de un normalista?», cuestionan familias.
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2016. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus representantes legales solicitaron formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue exhaustivamente al nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch, y a quien fuera secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante los hechos, Leonardo Vázquez, pues aparecen como contactos de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, en una libreta negra que le fue asegurada durante su detención en octubre de 2014.
Sólo pensemos qué habría pasado si fuese una mención de los padres de familia la que estuviera en esa libreta o de sus representantes; cómo se habría utilizado ese dato para estigmatizar a la parte victimal, pero en cambio, cuando ese dato aparece y tiene un señalamiento hacia la parte gubernamental no hay investigación, incluso se oculta
, contrastaron los abogados.
Tras entregar el oficio a la Subprocuraduría de Derechos Humanos en las instalaciones de la PGR, las familias condenaron que se haya ocultado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la oficina especial para el caso Iguala de la propia PGR esta evidencia de posibles implicaciones de funcionarios de alto nivel con los probables responsables de los hechos.
En el escrito se pidió a la Oficina especial que se investigue a los servidores públicos en materia de telefonía y situación patrimonial ante los indicios de la vinculación con la delincuencia organizada; también que se de fe de la existencia de esta libreta, que pueda acceder a todas las diligencias relacionadas con la detención y primeras declaraciones de Sidronio Casarrubias y que se permita acceder a todas las averiguaciones previas en contra de esta persona. A pesar de que Casarrubias ha sido señalado por la propia PGR como uno de los máximos responsables de los hechos del 26 y 27 de septiembre, el proceso en su contra fue iniciado no por la desaparición sino por delitos relacionados con delincuencia organizada, con lo cual está bajo poder de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Desde el inicio de sus trabajos, el GIEI solicitó que no se fragmentara la investigación. La reciente revelación confirma que los expertos fueron apartados de evidencia relevante y no contaron con las condiciones óptimas para realizar su trabajo, indicaron los representantes de las familias.
La representación legal de los padres pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado la información, que coadyuve en las diligencias que se van a abrir a partir de revelación de la existencia de esta libreta y que inste al Estado a que acredite la buena fe de asistencia técnica.
Padres y madres consideraron graves estos hechos y se preguntaron qué más le pueden estar ocultando las autoridades. Recordaron que su ruptura con la PGR se debió a la falta de resultados en la investigación contra el anterior titular de la AIC por presuntas irregularidades en la investigación.
*Con información de Proceso y La Jornada