*Piden organizaciones que se respete derecho a la protección autónoma de las comunidades
![Regina López | Subversiones](http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/wp-content/uploads/2016/11/chrome_2016-11-16_08-56-01-300x202.jpg)
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2016. La Red TdT, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas advirtieron de una agudización de la criminalización contra el pueblo nahua de Ostula, en la Sierra Costa de Michoacán, y de un riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales o grupos delictivos.
«A las organizaciones de derechos humanos firmantes nos preocupa que a pesar de existir medidas cautelares a favor de Santa María Ostula dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, éstas no han tenido ningún efecto debido a la falta de voluntad del Estado mexicano para atender de manera integral las exigencias de la comunidad en materia de seguridad y justicia, lo que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de los habitantes», señalaron len una misiva, que además de dirigirse a las autoridades mexicanas se envió a la CIDH y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las organizaciones acompañantes de la comunidad detallaron que los ataques contra el derecho a la protección autónoma comunitaria vienen especialmente mediante el anuncio público de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huitzontla; y los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán en los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila. «Particularmente existe preocupación por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez», detallaron.
En la Acción Urgente, las organizaciones relataron que las acciones de criminalización motivaron que las asambleas indígenas y populares de la región bloquearan la carretera federal 200 y tomaran las presidencias municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila. «Tenemos conocimiento de las descalificaciones públicas que ha realizado el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, lo que consideramos que de ninguna manera abona a un entendimiento de la realidad que se vive la región», lamentaron.