*Exigen que las designaciones sean transitorias, especialmente en el caso del titular de la PGR.
Ciudad de México, 31 de octubre de 2016. Decenas de organizaciones de derechos humanos y académicos consideraron que los nombramientos recientes de los nuevos Procurador General de la República y Secretaria de la Función Pública son señales preocupantes para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una Fiscalía autónoma, pues la forma en que fueron hechos demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones.
Las y los expertos exigieron que estas designaciones sean transitorias, en particular en el caso del Procurador, «pues consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están».
Los firmantes del pronunciamiento, entre los que se encuentran Carlos Brito, Catalina Pérez Correa, Maite Azuela, Martha Tagle, Miguel Sarre, Pablo Reyna, Paulina Gutiérrez, Ricardo Becerra, Roberto Ochoa y Sergio Aguayo, recordaron que en más de una ocasión «hemos enfatizado la importancia de contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de las personas que encabezarán las instituciones más relevantes del Estado. Sólo así se logrará construir la confianza y legitimidad necesarias para este nuevo sistema y también asegurar el nombramiento de perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo». Destacaron que el Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y el debate abierto: «Estas prácticas debilitan la construcción de una Fiscalía autónoma y del Sistema Nacional Anticorrupción, asimismo es contraria a los compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno abierto».
Las y los defensores de derechos humanos precisaron que el nombramiento de la nueva Secretaria de la Función Pública viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, respecto a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al Secretario o Secretaria.
«El nombramiento del Procurador es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México. Tan sólo días después de que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas y reconocidas en la materia exigieron un diálogo nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia, diálogo que incluye la selección del perfil más adecuado que deberá operar éste, el Presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad», lamentaron las organizaciones y activistas, quienes recordaron que entre cuestionamientos el año pasado Cervantes Andrade fue considerado como posible integrante de una terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. «La designación de un senador que quiso ser ministro pero ahora es procurador daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos», sostuvieron.