*Es un triunfo del pueblo maya y de los apicultores, señala Indignación.
Ciudad de México, 28 de octubre de 2016. El gobierno estatal declaró a Yucatán como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados argumentando la necesidad de “aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos”.
En un decreto publicado ayer, el gobierno estatal justificó su decisión “por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, porque es injusto para las futuras generaciones, y porque atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o apicultores; la consulta previa, libre e informada; el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como al derecho humano a un ambiente sano”.
La organización Indignación lo celebró como un triunfo del pueblo maya, y al tiempo de señalar que es una medida valiente y responsable, el colectivo MaOGM advirtió sobre la posibilidad de que ese decreto estatal derive hasta en una controversia constitucional porque el tema de los transgénicos es materia federal. Explicó que la ley federal que regula los transgénicos sí prevé iniciativas estatales, pero sólo bajo la figura de acuerdos o convenios de coordinación, y en ese sentido señaló que aunque el gobierno yucateco buscó reiteradamente establecerlos, el gobierno federal no le dio respuesta.
Actualmente se desarrolla en comunidades mayas de Campeche y Yucatán una consulta sobre la siembra de soya transgénica. El 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa para la siembra comercial de 253 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán. De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta.
El decreto 418/2016 se fundamenta en los artículos 55 fracción II y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como el 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración Pública de la entidad, pero también en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hablan de los derechos humanos y la obligación del gobierno de preservarlos.
Asimismo, se basa en leyes, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, salud, alimentación y medio ambiente de los que México tomó parte. Y plantea que obligadamente el Estado debe proteger los recursos naturales que posee Yucatán. En Yucatán, más de 45 mil familias dependen de la producción de miel, la ganadería de traspatio y la silvicultura.
El documento recuerda que a partir de 2011 se autorizó la liberación de una superficie delimitada por dos polígonos que suman más de un millón 56 mil 961 hectáreas en el estado de Yucatán, y que junto con Campeche y Quintana Roo alcanzan la cifra de más de 2 millones de hectáreas: “Esta superficie incluye la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, en la que se sembraron superficies extensas, así como en el nororiente del estado, cerca de la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos. Esta autorización se realizó sin considerar los comentarios vinculantes de los órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
También precisa que en la evaluación de los posibles efectos adversos debe considerarse tanto a los organismos genéticamente modificados como a los herbicidas, pesticidas y demás insumos integrantes del paquete tecnológico. De igual forma, apunta, se debe tomar en cuenta que los efectos sobre la flora y la fauna son diversos y desconocidos, pero en muchas ocasiones resultan negativos y ponen en riesgo la biodiversidad, afectando las fuentes de polen y néctar de la flora silvestre y cultivada.
En junio de 2012 –agrega–, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó en Yucatán la liberación de soya transgénica en etapa comercial, “contraviniendo nuevamente las opiniones vinculantes de los órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
El decreto declara al estado de Yucatán como zona libre de transgénicos, así como de productos contaminados, para fines agropecuarios o para la producción de insumos de uso humano y agropecuario, a fin de preservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la calidad de los productos de las comunidades rurales y costeras, al tiempo que impulsa los cultivos orgánicos.
*Con información de Indignación y Proceso.