*Llaman a que se respete la dignidad de las personas y se busquen soluciones definitivas a su situación.
Ciudad de México, 26 de octubre de 2016. Ante la expulsión de familias y personas en situación de calle que habitaban La Ciudadela, en la capital del país, defensores de derechos humanos rechazaron la medida, a la que calificaron de «limpieza social», y llamaron a la búsqueda de soluciones para resolver la situación en que viven y trabajan las personas afectadas.
El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, Commenta Diálogo de saberes, Educación con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, El Caracol y la Red por los Derechos de la Infancia en México lamentaron que pese a la existencia del “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México” y del «Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México», autoridades de la Delegación Cuauhtémoc contravengan la dignidad de las personas. Además, informaron que las autoridades avisaron que desalojarán a mediados de diciembre al grupo que se encuentra en las calles de Artículo 123 y Humboldt en la Colonia Centro.
«Consideramos que este tipo de declaraciones criminalizan y estigmatizan a la población por su condición de exclusión social y pobreza extrema. La limpieza social que realiza la Delegación es una grave violación a los derechos humanos que agudiza la condición de indefensión de quienes se ven obligados a vivir en las calles y ponen en riesgo su integridad física con tratos crueles y humillantes e incluso privándoles de su libertad sin proceso judicial», indicaron las organizaciones.
Las y los defensores exigieron que las autoridades informen sobre el paradero de las poblaciones callejeras en la Plaza de la Ciudadeladetalladamente; se ciñan a los lineamientos del “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México”, el cual prohíbe las prácticas discriminatorias y los retiros forzados de las vías públicas; que se identifiquen las prácticas discriminatorias y se eviten los retiros forzados de las vías públicas y detener los ataques que difaman el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con este sector, además de sancionar a quienes cometen abusos contra los afectados.