*Será de fundamental importancia que el Mecanismo Especial cuente con las condiciones necesarias para realizar su labor, al contrario de lo sucedido con el GIEI.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2016. La noticia de que el Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará sus labores en México en noviembre es un anuncio esperanzador, pues abre una nueva oportunidad de que se esclarezca un caso emblemático y doloroso de graves violaciones a derechos humanos que, a dos años de los hechos, sigue abierto y sin dar las principales respuestas.
El mecanismo es una medida de la CIDH acordada entre esta instancia, el Estado, las familias y sus representantes para para continuar con las labores de investigación y conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Su creación se da en el marco de la Medida Cautelar 409/14, concedida por este organismo en favor de las víctimas de los hechos, y fue aprobado por considerar que el caso Ayotzinapa continúa reuniendo los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
Lamentablemente, el saldo de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 sigue siendo de 43 estudiantes desaparecidos, seis personas ejecutadas y decenas de heridas a quienes no se les ha permitido alcanzar ni la justicia ni la verdad, aunque los propios esfuerzos de las familias han logrado que el caso no se cierre a pesar de los empeños y presiones en este sentido que comenzaron a los pocos días de los hechos.
La experiencia de este caso en particular ha enseñado que solamente a través de la supervisión internacional -en tiempo real e in situ– se pueden revertir en buena medida las falencias de una investigación defectuosa y conservar abierto un camino para esclarecer lo sucedido. La puesta en marcha del Mecanismo adquiere mayor relevancia porque se da en un contexto en el que los funcionarios públicos responsables de cometer irregularidades que han alejado la verdad del caso ni siquiera han sido sancionados.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, manifestó que tienen la expectativa de que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean debidamente cumplidas y que el Mecanismo sirva para dar seguimiento a su implementación. Esto incluye las recomendaciones vinculadas con la investigación, la búsqueda, la asistencia victimal y las políticas frente la crisis de desapariciones, lo que sin duda beneficiará a más víctimas y trascenderá el caso Ayotzinapa.
La CIDH señaló que en esta primera visita, del 9 al 12 de noviembre, se realizará la presentación pública de su Plan de Trabajo y tendrá reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento, además de que se desarrollará un encuentro directo con los familiares de las víctimas en Ayotzinapa para informarles de sus funciones y metodología.
En este sentido, será de fundamental importancia que el Mecanismo Especial, coordinado por el Relator de la CIDH para México, Enrique Gil Botero, cuente con las condiciones necesarias para realizar su labor, al contrario de lo que sucedió con el segundo periodo de trabajo del GIEI. Hay que recordar que, tras la presentación del informe de grupo de expertos en el que se desmintió la factibilidad científica de la “verdad histórica”, a las y los expertos les fue impedido entrevistarse de nueva cuenta con los imputados que están en prisión y con testigos de los hechos, amén de la campaña de desprestigio en su contra y los retrasos para tramitar sus peticiones.
De esta forma, es deseable que el Mecanismo pueda empezar por realizar estas entrevistas pendientes, incluyendo una con el recién detenido Felipe Flores Vázquez, jefe de Seguridad Pública de Iguala y quien, de acuerdo con las evidencias aportadas por el GIEI, tuvo un papel clave en la noche de los ataques.
La llegada del mecanismo es también un recordatorio de que la lucha de las familias llegará hasta las últimas consecuencias mientras no den con el paradero de sus hijos, y constituirá además una nueva oportunidad para que el Estado enderece el rumbo no sólo en este caso, sino en los más de 28 mil que siguen pendientes.
*Artículo originalmente publicado en Animal Político