*Familias de zona baja de Tila denuncian hostigamiento de autoridades y parientes de los presuntos criminales.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2016. Familiares de ejecutados, desaparecidos y desplazados en la zona baja de Tila, Chiapas, denunciaron que a 21 años del inicio del conflicto armado el gobierno sigue protegiendo y alentado la acción de grupos paramilitares, y advirtieron que seguirán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las y los habitantes de la zona informaron que son hostigados intentando obligarlos a presentarse a careos con los acusados de los crímenes, con citatorios de un día para otro y con amenazas de parientes de los imputados. «Los únicos que permanecen presos Samuel Sánchez Sánchez, Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez y Marcos Albino Torres Martínez obtendrán su libertad debido a la falta de pruebas y no poder ajustar hechos a la ley penal. Los responsables intelectuales de estos crímenes continúan gozando de los beneficios de la impunidad y los responsables materiales que no han ido a la cárcel se cobijan bajo el partido Verde», recordaron. Advirtieron que no se presentarán a ningún citatorio mientras no haya garantías de una verdadera investigación.
Hasta hoy, insistieron, siguen padeciendo los efectos de la formación del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, como parte del plan contrainsurgente para atacar a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
«A lo largo de estos 21 años, nos hemos enfrentado a la falta del acceso a la justicia, a los constantes hostigamientos, intimidación y persecución con órdenes de aprehensión injustas por parte de los procuradores y administradores de ‘justicia’, quienes han actuado hasta hoy como protectores de los paramilitares, de la impunidad. Algunos de nuestros compañeros aún cuentan con órdenes de aprehensión por delitos prefabricados por el grupo paramilitar Paz y Justicia y convalidado por las autoridades gubernamentales.
«Hasta hoy, el gobierno mexicano se niega a reconocer su responsabilidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, negando que somos víctimas del Conflicto Armado Interno entre los años de 1995 a 1999″, denunciaron en un comunicado.