*CNDH apoya los señalamientos de Naciones Unidas y considera que son atendibles.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2016. Organizaciones de la sociedad civil mexicana exigieron el pleno cumplimiento de las catorce recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, producto de su visita al país en octubre de 2015 y de posteriores intercambios con el Estado que le permitieron tomar en cuenta las políticas y acciones ya en curso en materia de derechos humanos.
Las organizaciones puntualizaron que desde diversos espacios de la sociedad civil se han trabajado propuestas que van en concordancia con las recomendaciones del Alto Comisionado, y consideraron que la respuesta del Estado «no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis de derechos humanos que se vive en México, constatada por este organismo internacional y sus diversos mecanismos en los años recientes, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que las recomendaciones son atendibles y «representan para el Estado Mexicano una gran oportunidad para implementar y dar cumplimiento a éstas y otras recomendaciones formuladas por otros mecanismos regionales e internacionales», y llamó al Gobierno federal a impulsar los esfuerzos de las distintas autoridades a fin de dar cumplimiento.
La catorce recomendaciones se derivan de las cuatro medidas urgentes que el Alto Comisionado señaló al concluir su visita hace un año: fortalecer las procuradurías para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo; fortalecer la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza; adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
Las organizaciones señalaron como particularmente importante el llamado a crear nuevos mecanismos contra la impunidad, en concreto un Consejo compuesto por renombrados expertos y expertas en derechos humanos para asesorar al Estado, realizar un diagnóstico nacional y propiciar una discusión pública de las acciones prioritarias. Esta recomendación refleja un análisis que compartimos al identificar a la impunidad como el principal obstáculo estructural que impide la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad y el respeto por los derechos de la población.
«En esta línea también es imprescindible acatar la recomendación de crear una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos humanos y un instituto nacional forense autónomo a disposición de todos los órganos de administración de justicia, pues sólo de esta forma se darán pasos hacia una investigación efectiva e imparcial de las violaciones que hoy padece la población más allá de renombrar instituciones», agregaron.
Las y los defensores destacaron que la aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia, y exigieron al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación.
Adicionalmente, el Alto Comisionado incluyó recomendaciones para prevenir graves violaciones, en particular un registro nacional unificado de toda detención (medida también ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no se cumple con el sistema vigente) y, de manera más amplia, la reorientación de las políticas de seguridad hacia un enfoque de seguridad ciudadana.