*El Gobierno federal reitera que no reformará el Código de Justicia Militar.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2016. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, publicó catorce recomendaciones para México, derivadas de su visita de hace más de un año al país.
En su visita en octubre de 2015 y tras denunciar la impunidad imperante en el país, el Alto Comisionado prometió emitir las recomendaciones y adelantó cuatro medidas urgentes relativas al fortalecimiento de las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas; el fortalecimiento de la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza; la adopción de un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública y la implementación de las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
«Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes», lamentó el Alto Comisionado tras su visita.
En esta ocasión, y tras intercambiar información con el Estado, Zeid Ra’ad Al Hussein agregó a las medidas urgentes: Establecer un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país; fortalecer los esfuerzos para asegurar que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas adecuadamente por una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República dirigida por un/a reconocido/a experto/a en materia de derechos humanos y el combate a la impunidad.
El organismo de las Naciones Unidas también pidió reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares, así como promover un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con mayores medidas para asegurar que las políticas de seguridad pública y las instituciones que las ejecutan cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar una efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas. en esta línea, se recomendó también adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales.
Otras medidas se refieren a crear una institución nacional forense que sea autónoma e independiente con suficientes recursos; la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado de todo tipo de detenciones y personas privadas de la libertad, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones; garantizar el profesionalismo e independencia de los órganos públicos locales y federales, incluyendo aquellos de administración y procuración de justicia e instituciones de derechos humanos.
En cuanto a leyes, la ONU-DH recomendó adoptar e implementar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones. También llamó a promover la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño; y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención; firmar y ratificar todos los tratados Interamericanos de derechos humanos adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que están pendientes de ratificación.
También se consigna la necesidad de asegurar y monitorear la implementación de los estándares y recomendaciones internacionales y regionales de derechos humanos fortaleciendo los mecanismos inter-institucionales de alto nivel creados para este propósito y el sistema nacional de estadística en derechos humanos, además de garantizar la consulta a pueblos indígenas, fortalecer la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas hacia mujeres e implementar la metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH.
Al mismo tiempo, se publicó la respuesta del gobierno mexicano, en la que se limitó a exponer su coincidencia en algunas medidas, a asegurar que ya se está avanzando en los rubros y a señalar que algunas de las recomendaciones son «muy interesantes», además de que se negó a reformar el Código de Justicia Militar.