Organizaciones denuncian intentos de debilitar archivo digital de violaciones graves a derechos humanos

Durante año y medio de trabajo, las organizaciones coordinaron esfuerzos con el Inai para diseñar e implementar esta plataforma, que busca facilitar el acceso a la información pública y de otras fuentes, y así apuntalar el conocimiento público y procesos de memoria y verdad de casos de violencia estatal como la Guerra Sucia, Tlatelolco y el Halconazo, hasta aquellos más recientes como Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Atenco, la masacre de los 72 en San Fernando, el incendio de la Guardería ABC, Ayotzinapa 2011, las fosas de San Fernando de 2011, Cadereyta, Tlatlaya, la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y la masacre en Apatzingán.

«La primera etapa de este proyecto evidencia la opacidad y ocultamiento que rodea este tipo de casos. Más de 10 años de transparencia en México y 2 reformas constitucionales de avanzada, nos hablan de la falta de compromiso de los intérpretes de la Ley con la verdad. Una evaluación a la información aportada por autoridades durante más de una década de transparencia en el país demuestra que las respuestas a más de 600 solicitudes analizadas (50% del total de solicitudes relacionadas con los 15 casos) no entregan información alguna, clasifican ésta o la declaran inexistente. El resto es información fragmentada que requiere de un contexto u otros documentos para ser útil en la construcción de verdades.  Cerca de 50 años después de la primera violación  que se documenta en esta Plataforma, la masacre de Tlatelolco, el Estado no ha dado respuestas», explicaron las organizaciones firmantes.

Las y los defensores de derechos humanos precisaron que la segunda etapa -que da inicio a partir de la presentación- requiere discusiones públicas y aportaciones de aquellos documentos e información que tengan todas las expresiones sociales (academia, defensores, periodistas, investigadores, etcétera) para poder hablar entre sí e ir construyendo verdades.

«Enfilarse a esa segunda etapa, no obstante, requiere hacer un alto en el proceso y de una seria evaluación al rol que juega el Inai en el marco del proyecto. Durante los meses de colaboración cercana entre el Inai y las organizaciones, la construcción de la plataforma no fue un proceso armónico: múltiples áreas al interior del Instituto, así como algunas ponencias del Pleno, sostuvieron posiciones encontradas sobre el proyecto. Al respecto, si bien los problemas enfrentados han sido diversos y en apariencia obedecen a trabas técnicas, detrás de estos existen claros intentos provenientes desde su interior por debilitar y entorpecer el proyecto», denunciaron.

Entre los problemas señalaron la decisión unilateral de excluir el incendio de la Guardería ABC de la versión final de la plataforma. En un primer intento, comisionados argumentaron que en lugar de ser un caso de graves violaciones a derechos humanos, como la Suprema Corte lo sentenció, éste obedeció a un accidente por causas fortuitas. En el segundo intento, sostuvieron que habían recibido algunas solicitudes expresas de víctimas indeterminadas para que el mismo no fuera publicado, muy a pesar de la colaboración activa y determinación constante del Movimiento 5 de junio para que el mismo sí hiciera parte de la plataforma.

También consideraron que el uso desproporcionado, insostenible y equívoco de la protección de datos personales, que configura una forma de censura. En la versión que se presenta, el Inai decidió, nuevamente de forma unilateral, no difundir imágenes, videos ni documentación de fuentes no públicas relacionadas con ningún caso que habían sido transmitidos y aceptados por el grupo permanente porque exige que las organizaciones que aportaron el material recaben los consentimientos expresos de todas y cada una de las personas que estén involucradas. No sobra advertir que este requerimiento es de imposible consecución, por ejemplo, para el caso de las fotos, pues fueron tomadas por reporteros en contextos de manifestaciones públicas, protestas y marchas multitudinarias; algunas de las fotos corresponden a víctimas de los delitos (actualmente desaparecidas o muertas); o simplemente muchas tienen cerca de 50 años de haber sido tomadas.

Como tercer aspecto, destacaron una actuación opaca del Instituto y el incumplimiento constante de los compromisos y acuerdos asumidos. Para las organizaciones, las divisiones políticas y burocráticas que aquejan al Instituto se reflejaron en una torpe coordinación del mismo para cumplir acuerdos; asimismo, las decisiones unilaterales y opacas del Pleno amenazaron el proyecto en más de una ocasión. Causa seria preocupación que el órgano garante de la transparencia, clave en los procesos de apertura gubernamental, haya actuado en repetidas ocasiones como un órgano arbitrario que toma decisiones de espalda a sus contrapartes.

Las organizaciones contrapartes del proyecto hicieron un llamado público al Inai y sus comisionados y comisionadas para revertir los puntos señalados y traducir a hechos sus varios compromisos públicos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos de violaciones graves a derechos humanos.

«Este emplazamiento busca recuperar la intención y alcances originales del proyecto, los que siempre fueron consensuados por todas las partes del grupo de trabajo. Las partes firmantes están convencidas que el marco legal garantista, el delicado contexto de impunidad actual, y el deber y derecho a la memoria y verdad que tienen todas y todos como sociedad e instituciones permitirán alcanzar y superar lo originalmente pactado», finalizaron.