*Llaman a senadores a que la reforma considere a los más de 35 mil mexicanos en esta condición.
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2016. En el marco de las actuales discusiones para reformar la Ley General de Víctimas (LGV), decenas de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de víctimas y expertas en el tema hicieron un llamado a los legisladores mexicanos para que la reforma a dicha Ley reconozca y defina expresamente a las víctimas de desplazamiento interno forzado en México.
«Es altamente preocupante la ausencia del reconocimiento del desplazamiento interno forzado por parte del Estado mexicano y la consecuente omisión que existe para implementar las acciones pertinentes para garantizar la atención y la protección de la población que se encuentra en esta situación», lamentaron las organizaciones.
En mayo del presente año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el primer Informe Especial sobre Desplazamiento Interno Forzado en México, en el cual se consigna que existen al menos 35 400 personas desplazadas que hoy carecen de reconocimiento, atención y protección.
«El desplazamiento interno forzado debe ser expresamente definido en la reforma a la LGV como un hecho victimizante autónomo que representa una violación grave, múltiple y continuada a los derechos humanos de quienes lo llevan a cabo. Su complejidad y la amplia gama de derechos humanos que vulnera o se ponen en riesgo, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en la que generalmente se encuentran los desplazados, debe ser entendida como una condición de facto de desprotección», explicaron las organizaciones y colectivos.
Las organizaciones llamaron a senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras de la reforma a que honren sus compromisos con las víctimas de desplazamiento interno forzado para que obtengan un reconocimiento jurídico explícito dentro de dicha reforma, al ser la Ley General de Víctimas el único instrumento legal vigente adecuado para registrar, atender y proteger los derechos de las víctimas de dicho fenómeno. Consideraron que las y los legisladores tienen la responsabilidad de dar congruencia a su compromiso por mantener la vigencia de los derechos de las víctimas y de asegurar que la reforma a la LGV no resulte en una acción simuladora o burocrática.
En la carta pública también se urge a la Secretaría de Gobernación a que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como con los de las víctimas del desplazamiento interno, promoviendo el reconocimiento jurídico explícito en el marco de la reforma a la Ley General de Víctimas, a fin de que se garantice su atención y protección y se reviertan los efectos que el desplazamiento interno forzado ha generado en miles de mexicanas y mexicanos.