*La decisión de cancelar el Acueducto Monterrey VI, atinada pero insuficiente, dice la sociedad organizada; piden manejo sustentable del agua.
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2016. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que la decisión de cancelar el proyecto Monterrey VI, anunciada el 16 de septiembre por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, es un paso en la dirección correcta pero es insuficiente, pues no se descarta la construcción del acueducto a largo plazo y la asignación de aguas de la cuenca del Pánuco para la Zona Metropolitana de Monterrey sigue vigente.
Las organizaciones exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la cancelación de la asignación que dio origen al trasvase y demandaron que el gobierno del estado de Nuevo León desista de la asignación de aguas a ser trasvasadas.
«Es necesario que se cancele esta asignación para retirar este gran riesgo que pende sobre los derechos de más de 380 poblaciones indígenas y mestizas potencialmente afectadas en los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León», indicó Rosa Esther Peña Soto, de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina. Los activistas señalaron que es preocupante que la cancelación del Monterrey VI conduzca al gobierno del estado a tratar de realizar explotaciones insostenibles, como por ejemplo en los mantos freáticos ultraprofundos de la ciudad, cuya capacidad de recarga es extremadamente lenta.
La Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y el colectivo No Fracking en Nuevo León consideraron que el único plan viable para lograr garantizar el abasto hídrico de la Zona Metropolitana de Monterrey es el manejo sustentable de la cuenca del Río San Juan en que se encuentra localizada esta urbe, con mejoras en la eficiencia en el abasto y el control de las fugas, protección y rehabilitación de las áreas verdes, proyectos de captación de agua de lluvia, reuso de aguas tratadas, mayor regulación en uso industrial y fomento a una cultura sustentable del uso de agua. Además, existen hasta 22 proyectos alternativos en este sentido.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora Agua para Todxs, explicó que la existencia del proyecto Monterrey VI es producto de un marco legal que favorece una gestión del agua autoritaria, arbitraria y susceptible a la corrupción, por lo que es urgente aprobar una Ley General de Aguas capaz de cumplir con el mandato constitucional de lograr el acceso equitativo y sustentable al vital recurso incluyendo una fuerte participación ciudadana.