*La violencia que se ha suscitado en Carrizalillo se extiende en todo el cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas 12 empresas mineras.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 12 de septiembre de 2016. Las visiones cortas y simplistas que tienen las autoridades estatales, sobre la violencia que impera en Guerrero, son de suma preocupación, porque a unos días de que cumpla un año de gobierno de Héctor Astudillo no vemos un planteamiento claro sobre cómo revertir estos índices escandalosos de la violencia. Todo lo que se ha hecho proviene del gobierno federal, que también se ha focalizado en el envío de más tropa en los municipios más violentos. Sin embargo, la delincuencia sigue intocada porque mantiene el control de varias regiones del estado.
Es lamentable lo que comentó recientemente el secretario de fomento y desarrollo económico, Abel Arredondo, sobre la violencia que se ha desatado en la empresa minera de Temixco municipio de Arcelia, donde se han dado varios secuestros y el robo de la nómina de un millón de pesos. “No se puede vivir con la maldad, el mal nunca podrá triunfar y eso sí lo puedo certificar… es la lucha eterna entre las cosas buenas y malas”. Qué postura es la de un secretario que ante un problema grave de inseguridad se pone a predicar sobre el bien y el mal. No solo carece de posturas claras sino que evade su responsabilidad y lo peor es que no tiene respuestas concretas al problema que padecen las familias de los secuestrados.
El impulso de la minería en el estado ha traído aparejado conflictos sociales por la forma tan abusiva y ventajosa como han trabajado las empresas extranjeras. El caso de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, es un ejemplo claro de cómo la entrada de la Gold Corp, una empresa minera canadiense, contó con el respaldo de los tres niveles de gobierno, al grado que fueron cómplices de la compra ilegal de gran parte de sus tierras ejidales y del pago indigno por la renta de otras áreas de uso común.
Esta experiencia que vivieron las familias de Carrizalillo se ha tornado trágica. No sólo porque le apostaron a obtener mejores ganancias con la sola renta de sus tierras, sino porque permitieron que la mina destruyera todo su entorno y les impidiera mantenerse como una comunidad que vive del campo. El auge de la minería en esta región hizo que los grupos de la delincuencia organizada encontraran también su minita de oro peleando por el control de la plaza. Los resultados son fatales: cómo en una comunidad pequeña lo que para los ejidatarios sería vivir en la gloria, se transformó su comunidad en un infierno. Desde el mes de marzo de 2011 al mes de marzo de 2016, en solo 5 años, se tiene un registro de 26 personas asesinadas dentro del ejido de Carrizalillo y más de 20 familias desplazadas a causa de la violencia propiciada por las bandas del crimen que pelean por el control de la mina.
La violencia que se ha suscitado en esta comunidad se extiende en todo el cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas 12 empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala, Arcelia y Teloloapan, que se ubican en las regiones de Tierra Caliente, Norte y Centro, las más violentas del estado junto con Acapulco. Se trata de territorios que están siendo disputados a sangre y fuego por varias organizaciones del crimen organizado que pelean palmo a palmo las rutas, el control de las cabeceras municipales, el sometimiento y control de la población, la apropiación de los bienes materiales y giros comerciales. Los pagos de piso, los pagos por la seguridad y las cuotas de las mismas empresas mineras y los trabajadores. Nada escapa de su control. Todo necesariamente pasa por el filtro delincuencial, llámese cuota, pago, extorsión o impuesto. En estos enclaves la ley no está en manos de las autoridades, sino del crimen organizado. No es casual lo que está sucediendo en Temixco, al grado que los mismos empresarios mineros estén considerando que habrá pérdidas económicas y que el problema de la violencia que ha llegado a sus empresas no se podrá resolver en lo inmediato.
Es la región del Balsas donde se han suscitado hechos graves de ejecuciones y desapariciones de personas que no han sido investigados. La zona minera forma parte de Cocula, el municipio donde la PGR urdió la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basureo municipal. Se trata de una región abandonada, conformada por comunidades pequeñas que no cuentan con los servicios básicos. Las familias sobreviven de la siembra del maíz y de la pesca. Cuando se construyó la presa el caracol, en diciembre de 1986, varias comunidades fueron desplazadas de sus lugares de origen y obligadas a abandonar sus tierras. No tuvieron otra alternativa que adaptarse al nuevo entorno de la presa. Después de 30 años de medio adaptarse a la nueva vida, los pobladores del municipio de Cocula (con los trabajos de explotación de la mina media luna), tienen que soportar las detonaciones que realiza la empresa para dinamitar sus terrenos. El desprendimiento de sus cerros arrastra toneladas de tierra que llegan a la presa. Este daño ambiental pasa desapercibido por las autoridades, porque la actividad minera está por encima de cualquier otra actividad económica, por lo mismo no importa que haya matazón de peces ni que la gente se quede sin trabajo.
Las comunidades del Balsas y de la Sierra están al borde del colapso, porque se les ha abandonado por siglos y se les ha dejado en manos de empresas depredadoras y de los grupos de la delincuencia organizada. No podemos apostarle al desarrollo minero, cuando no se están atacando de fondo los grandes problemas de inseguridad y pobreza que enfrentan. Apostarle a que la inversión extranjera –vía la minería a cielo abierto- sea la solución a los problemas estructurales relacionados con la pobreza, la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad, es seguir creyendo que colonizando nuestros territorios con empresas extractivistas vamos a reencontrarnos con el paraíso que fue en tiempos prístinos nuestro estado de Guerrero.
*Extracto de un artículo de opinión de Tlachinollan. Para leer la versión completa, da click aquí.