* El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos escuchó el testimonio de 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales.
Ciudad de México, 09 de septiembre de 2016. Ante las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos -que pidió hacer efectivo el derecho a la consulta de afectados, especialmente de comunidades indígenas-, una coalición de organizaciones no gubernamentales consideró que el gobierno debe aceptarlas, informar cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las actividades extractivas; e informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones.
Las organizaciones señalaron también que las empresas deberían comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de su cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.
Durante la visita a México que terminó esta misma semana, Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, escucharon a personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales principalmente debido a la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente, entre otros.
En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas por 17 proyectos mineros, eólicos y de extracción de hidrocarburos. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, el gobierno local, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada, como en el caso de Eólica del Sur.
En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial; determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica.
En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre, ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa -contratista favorita del actual gobierno, y quien construye la carretera de pago que atravesaría este poblado- fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar.En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país.