* Atienden autoridades de la comunidad el asesinato de dos jóvenes; termina el pueblo de derribar el edificio del ayuntamiento oficial.
Ciudad de México, 08 de septiembre de 2016. La asamblea del ejido Tila, en Chiapas, decidió hacer frente a los problemas relacionados con las drogas dentro de su territorio, pues lo ubican como la causa de los incidentes de violencia que ha habido. A la vez, advirtieron que un pequeño grupo de personas afines al gobierno oficial intentan aprovechar los casos de criminalidad para desestabilizar la autonomía.
Las autoridades ch’oles, a solicitud de la familia, se encuentran investigando el asesinato de Carmita López Pérez,de 19 años, y Rafael López Pérez, de 20 años. «Hemos de señalar que el crimen ocurrió a la altura del Barrio Chijtieja y la vereda que conduce hacia la comunidad de Corta Flor a unos 3 (tres) kilómetros lo que hizo imposible que la guardia ejidal se diera cuenta de los hechos o prestaran auxilio. El ejido se encuentra investigando para conocer quiénes son los responsables donde ya hay personas señaladas e información sobre sus antecedentes. Por ahora sabemos que es un grupo de pandilleros que han venido consumiendo drogas que ha venido prevaleciendo ante la autorización cuando estaba el ayuntamiento», relataron.
«Señalamos públicamente a un grupito de personas conflictivas que quieren desestabilizar y culpar a nuestro autogobierno ejidal de la violencia que dejo sembrada el mal gobierno del que ellos mismos formaron parte; el expresidente c. Arturo Sánchez Sánchez y su hijo c. francisco Arturo Sánchez Martínez, así como los llamados jolotes, doña Mercedes Bonifaz, la doctora Adelaida Martínez Parcero y su hermano Rodrigo. Se la pasan pidiendo la entrada de la fuerza pública con engaños y el regreso del gobierno invasor en nuestro territorio. Son un pequeñito grupo de personas que quieren imponer su modo de vida en el ejido tila quienes han vivido del gobierno, del despojo y la explotación de nuestro pueblo y son racistas que se encargan de malinformar y criticar nuestra autonomía ejidal. pero a pesar de esto seguiremos adelante porque ya nadie lo puede parar, muchos han abierto los ojos y unos cuantos que viven manipulados», abundaron las autoridades ejidales.
Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994. En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pendiente de resolverse.
El 17 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía municipal. Desde entonces, el ejido se ha encargado de los servicios comunes y ha sufrido distintas amenazas y hostigamientos.
Hace unos días, las y los ejidatarios comenzaron la demolición final del Ayuntamiento para dar paso a una nueva obra en beneficio de todos los habitantes.