* Mediante la campaña #VamosPorMás vigilarán procesos de designación del sistema democrático.
Ciudad de México, 01 de septiembre de 2016. Como parte de la exigencia ciudadana para fortalecer la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y a la impunidad, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y promotoras de la transparencia y la rendición de cuentas, junto con organismos empresariales, lanzan la Campaña Designaciones contra la Corrupción y la Impunidad para demandar que los nombramientos públicos se lleven a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se conduzcan de acuerdo con los principios de gobierno y parlamento abierto.
En México, la mayoría de las designaciones públicas se deciden por autoridades políticas, en procesos cerrados, sin información pública, y a partir de la repartición de cuotas entre los partidos políticos y el predominio de intereses particulares. Esta forma de realizar los procesos de designación no garantiza una evaluación técnica de los aspirantes, con base en perfiles especializados e independientes para ocupar los cargos; debilita a las instituciones al no dotarlas de legitimidad de origen; y genera desconfianza por parte de la ciudadanía hacia su desempeño y la toma de decisiones. Al respecto, en los próximos meses se llevarán a cabo procesos de designación de primera relevancia para el buen funcionamiento del sistema democrático en nuestro país, como son los(as) nuevos(as) Magistrados(as) Electorales, el(la) Procurador(a) General de la República que podría convertirse en el(la) primer(a) Fiscal General, el(la) titular de la Secretaría de la Función Pública, el(la) nuevo(a) Fiscal especial en materia de combate a la corrupción y los(as) integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Decenas de organizaciones instaron al Poder Ejecutivo y al Senado de la República, en tanto autoridades encargadas de estos procesos, a incorporar, como mínimo, los siguientes elementos: 1. Realizar convocatorias públicas en las que se determinen de manera previa y clara, el proceso y sus etapas, así como el perfil. 2. Garantizar la máxima publicidad y rendición de cuentas durante todo el proceso. 3. Implementar comparecencias públicas de las y los candidatos. 4. Utilizar instrumentos técnicos de valoración para los perfiles, que incluyan criterios objetivos y que éstos sean públicos antes y después de la toma de decisiones. 5. Establecer mecanismos de participación ciudadana sustantiva en cada uno de los procesos, garantizando la posibilidad de presentar objeciones y cuestionamientos a las y los candidatos.
Las designaciones ya mencionadas serán claves para el combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país. Es por ello, que las organizaciones de la sociedad civil, académicas y empresariales enfocaran durante los próximos meses sus esfuerzos para acompañar la labor de las autoridades responsables en estos procesos de nombramiento, de forma que garanticen el nombramiento de personas capaces, imparciales e independientes a la cabeza de dichas instituciones.