* El caso de los campesinos ecologistas es un espejo de lo que ha sucedido con los crímenes de la Guerra Sucia.
Ciudad de México, 01 de septiembre de 2016. Esta semana serán examinadas, en los hechos, las múltiples declaraciones hechas por altos funcionarios en el sentido de que México promueve y respeta los derechos humanos y está determinado a castigar a quienes los violan. Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará en la Ciudad de México una audiencia privada para analizar si el Estado mexicano ha cumplido cabalmente la sentencia emitida por la Corte IDH en noviembre de 2010 en el caso conocido como “los Campesinos Ecologistas” (Cabrera García y Montiel Flores vs. México), uno de los que obligó a reformar el Código de Justicia Militar.
Aunque el caso fue muy sonado en años anteriores, vale la pena repasarlo pues es un claro antecedente de los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos que hoy se multiplican a lo largo del país.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de la sierra de Petatlán, en el estado de Guerrero, son defensores de los bosques de su región y han luchado contra la tala ilegal, labor por la que han recibido diversos reconocimientos ambientales internacionales, entre ellos los prestigiados Premio Goldman y Premio Chico Mendes. A través del activismo pacífico de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), de la que son fundadores, lograron expulsar de la zona a la empresa Boise Cascade, responsable de tala excesiva e irregular de los bosques de la Costa Grande.
Sin embargo, sus triunfos en la defensa del medio ambiente provocaron represalias por parte del Estado. En 1999, en el contexto de un operativo militar supuestamente dirigido contra el narcotráfico, Rodolfo y Teodoro fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del Ejército. Fueron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias y luego condenados a prisión por delitos que no cometieron: portación de armas prohibidas y cultivo de marihuana.
El presidente Vicente Fox dio órdenes de liberarlos en el año 2001 por razones humanitarias debido a su precaria salud, pero esto no comprendió reconocer su inocencia. El litigio del caso siguió hasta agotar todos los recursos disponibles en las instancias nacionales y los ambientalistas se vieron obligados a huir de su tierra.
El caso fue presentado en el 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo declaró el caso admisible y señaló la responsabilidad internacional del Estado por violar los derechos humanos de los campesinos ecologistas. La Comisión hizo diversas recomendaciones al Estado mexicano sobre reparaciones a las víctimas y acciones a nivel nacional para garantizar la no repetición de hechos semejantes.
Después de varios meses en los que el Estado mexicano omitió cumplir las recomendaciones, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 2009 para su evaluación. La Corte declaró al Estado mexicano responsable por violaciones a los derechos de libertad personal, integridad personal y garantías judiciales y por incumplir con sus obligaciones de adecuar el marco normativo interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia de noviembre de 2010, la Corte ordenó al Estado mexicano reparar las violaciones sufridas por los dos activistas e implementar cambios estructurales para erradicar las causas que dieron origen a los abusos, entre ellos mantener actualizado de manera permanente un registro de personas detenidas con información accesible y mecanismos de control para garantizar su cumplimiento; investigar las denuncias de tortura y reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que la jurisdicción militar no investigue casos de violaciones a los derechos humanos.
En 2013, la Corte señaló que el Estado no había cumplido con estos tres puntos fundamentales y los instó a que los llevara a cabo en un periodo razonable.
El Congreso reformó el Código de Justicia Militar a finales de abril de 2014. El texto reformado dispone que la jurisdicción civil tenga competencia sobre los delitos cometidos por personal castrense contra personas civiles, pero todavía no cumple los estándares interamericanos al no excluir la posibilidad de que las Fuerzas Armadas investiguen y juzguen violaciones a derechos humanos. Por otra parte, no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los actos de tortura y el Estado sigue sin cumplir los requisitos establecidos por la Corte IDH en materia de registro de personas detenidas.
Mientras los ecologistas siguen esperando justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, han logrado un avance en la defensa del medio ambiente: a raíz de la sentencia de la Corte, el Estado llevó a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el que Rodolfo Montiel solicitó que el Estado realizara un proyecto de reforestación en Petatlán. Así, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevó a cabo un acto inicial de un proyecto multianual de reforestación en la zona en julio de 2013.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que las sentencias de la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano. Es más, la Corte se encuentra sesionando en nuestro país este mes por invitación del Estado mexicano. Sin embargo, diversas sentencias de este organismo no han sido plenamente cumplidas por el Estado, sobre todo en lo referente al acceso a la justicia para las víctimas y a medidas estructurales para transformar prácticas que generan violaciones a derechos humanos.
Después de escuchar los argumentos del Estado, las organizaciones representantes de las víctimas (Centro Prodh y Cejil) y la CIDH en sesión cerrada el viernes, la Corte IDH preparará una sentencia de supervisión de cumplimiento a casi 6 años de haber resuelto el caso. Los resultados servirán como un indicador de la voluntad política del Estado de cumplir las sentencias vinculantes del Sistema Interamericano, así como para erradicar la tortura en el país. La eventual resolución de la Corte IDH será puesta en conocimiento de la Asamblea General de la OEA.
El caso de los campesinos ecologistas es un espejo de lo que ha sucedido con los crímenes de la Guerra Sucia: mientras no se investigue cabalmente lo sucedido, se castigue a quienes en vez de defender a la población, la atacan, y se tomen medidas de fondo, estaremos condenados no sólo a repetir estos tristes hechos, sino a vivirlos aumentados de forma exponencial.
*Artículo del Centro Prodh en Animal Político.