* Los proyectos de minería, infraestructura y energéticos presentan mayores casos de abusos, señala el documento «México: empresas y derechos humanos».
Ciudad de México, 29 de agosto de 2016. Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil publicaron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta más de 60 casos en todo el territorio nacional.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitará México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016 para examinar los esfuerzos del Gobierno y las empresas para prevenir y abordar los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos, en línea con los Principios Rectores de la ONU. El grupo se reunirá con funcionarios gubernamentales y grandes empresas, incluidas estatales, con diversos actores de la sociedad civil, con personas defensoras de derechos humanos y con representantes de los pueblos y comunidades indígenas.
Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas expondrán impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Por los impactos negativos ocasionados y por sugerencia de sociedad civil, el grupo de la ONU se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, TransCanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
El colectivo de organizaciones denunció que impiden el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos la complicidad del Estado con los intereses empresariales por encima de la protección del interés público; reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética; la falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos.
También se señaló la falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado; la reducción de espacios de participación y los abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales.
«Esperamos que las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo al final de su visita estén a la altura de lo que México necesita, y exhortamos a las empresas que operan en México, así como al Estado mexicano, a recibir las recomendaciones con seriedad y voluntad para aplicarlas»; finalizó el colectivo.